Quinquenio 2021-2026: ¿otra oportunidad perdida?

El profesor y hoy presidente de la república Pedro Castillo tiene la oportunidad de enrumbar o profundizar la crisis económica, política y social que atraviesa el país. El equipo de gobierno tiene que ser consciente de que la favorable evolución de la economía depende de un aspecto psicológico fundamental: la confianza. Y al parecer, las autoridades designadas no lo están logrando. 

La desconfianza generada ralentiza las inversiones, grandes o pequeñas. Estas dejan de efectuarse, la recuperación de la actividad productiva –impactada por la pandemia– se hace más prolongada, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Asimismo, la crisis económica incrementa los niveles de insatisfacción social, que se transforman en crisis política, debilitando aún más la gobernabilidad y la estabilidad de nuestra precaria institucionalidad democrática.

Más allá de las afinidades ideológicas de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, deben tener en claro que un país logra satisfacer las necesidades de su población si incrementa constantemente su productividad, incorporando mayores niveles de eficiencia, pero también fomentando que en su territorio se ejecuten proyectos que desarrollen infraestructura productiva. Es decir, si no se genera más riqueza que permita disponer de mayor recaudación tributaria sin elevar las actuales tasas impositivas, el Estado no podrá cubrir las demandas sociales, y más temprano que tarde la crisis volverá a escalar alcanzando niveles insospechados. Tengamos presente que las estrategias de contención de las protestas sociales permiten ganar tiempo, pero no mucho.

Otro elemento que debe analizar el gobierno es lo que se viene en el ámbito internacional. Superada la pandemia, inclusive la de la variante delta, el mundo desarrollado optará por la inteligencia artificial, lo que transformará radicalmente las actuales condiciones del trabajo. Para ratificar lo afirmado basta con analizar cuál será la consecuencia del ingreso al mercado de los vehículos autónomos; tengamos presente que sólo en Lima existen 250,000 operadores de taxis, además de los deliverys y conductores de omnibuses. O qué sucederá con quienes trabajan en el comercio retail si ya existen tiendas donde el consumidor se registra al ingreso y se realiza el cargo respectivo al momento de coger un producto de algún escaparate. Algo similar ocurrirá con los trabajadores agroindustriales cuando se incorporen máquinas sembradoras, cosechadoras, etc. O cuando un paciente ingrese a un centro de salud y su simple paso por un área determinada permita al médico tratante conocer de antemano su temperatura, peso, talla, presión arterial, pulsaciones y nivel de oxigenación; se habrá ahorrado tiempo de espera y la atención será más óptima.

Con lo mencionado queremos resaltar que para la proyección a futuro del país se requiere el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano. Por lo tanto, los objetivos de gobierno no pueden estar ajenos a una realidad que ya existe y que llegará por encima de nuestra voluntad o afinidades ideológicas.

Si la intención del gobierno es derrotar efectivamente la pobreza y conducir al país a un estadio superior de desarrollo, debe recuperar la confianza para promover el retorno de las inversiones nacionales y extranjeras. Estas inversiones incorporan constantemente tecnología de punta, así como prácticas sociales y ambientales con estándares más elevados en comparación con actividades que mantienen prácticas tradicionales que la inteligencia artificial terminará por desplazar. 

En ese sentido, un cambio más en el rosario de cartas constitucionales que registra nuestra historia republicana garantiza alejar a la nación del objetivo deseado, el desarrollo, porque promueve la incertidumbre y enraíza al Perú en el pasado. Pero lo que se requiere es mirar hacia el futuro.