Promesa incumplida y falta de fiscalización

El presidente de la República –flanqueado por el ministro de Salud, un conocido conductor de televisión y un enorme cheque bancario–, el 12 de mayo del 2022 prometió, en un evento público realizado en el patio del Palacio de Gobierno, S/ 4,183 millones para la atención integral de los pacientes con cáncer. La ceremonia contó con la presencia de niños con cáncer en las primeras filas; pero también con niños que tenían otras patologías crónicas, e incluso de sanos (según algunas denuncias, se solicitó a los padres que cortaran el cabello de sus niños).  Sin embargo, el Oficio 0460-2022/50.061 remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, en respuesta al pedido de información de la congresista Norma Yarrow, precisa que el monto total para la implementación de la Ley 31336 (Ley Nacional del Cáncer) es de S/ 5,398.7 millones de soles, para un horizonte de tiempo de 10 años. Como se puede apreciar, la cifra que prometió el presidente de la República no concuerda con el monto total que ha señalado el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta discrepancia de cifras implica investigar la fuente que ha generado este monto, así como la modalidad de presentarla mediante un llamativo y gigante cheque bancario. 

El aludido oficio también señala que el “Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer para el año 2022 cuenta con un presupuesto de S/ 779.7 millones cuya ejecución tiene un avance del 58.1% y que para el año 2023 se contempla recursos por la suma de S/ 1048.3 millones”. Esta aseveración tira por la borda la promesa del presidente, pero además ha puesto en relieve las falencias en la ejecución presupuestal que, hasta fines de agosto del 2022, debería bordear el 66.7%. Por otra parte el ministro de Salud, en exposición realizada en la Comisión de Presupuesto del Congreso, señaló que el presupuesto asignado el año 2023 para el Programa 024 Prevención y Control del Cáncer es de S/ 859 millones, y el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es de S/ 299 millones, solo S/ 4 millones adicionales frente al año 2022. Es decir, estas cifras, una vez más, desechan la promesa presidencial. 

En contraste con el contenido del ya citado oficio del Ministerio de Economía y Finanzas, el director ejecutivo de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud señaló a los medios de comunicación que la cifra ofrecida por el presidente de la República “era para cuatro años”; es decir, una versión distinta. Estas flagrantes contradicciones entre los altos funcionarios del gobierno frente al drama y al sufrimiento de los pacientes con cáncer y sus familiares merece una profunda investigación que aclare los montos “reales”, y determine quiénes son los responsables de difundir esas “falsedades”. Igual suerte deben correr los funcionarios que promovieron y organizaron esa ceremonia en el patio del Palacio de Gobierno, que generaron expectativas en la población infantil y en sus familiares con la finalidad de “llenar” de gente a esta ceremonia con alto contenido político. 

En relación con el financiamiento hay dos leyes. La primera, es la Ley 31041, “Ley de urgencia para detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente” que crea el subsidio oncológico equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales al trabajador (por familia) que tenga un niño o adolescente menor de 18 años, por el tiempo que dure el tratamiento. Este subsidio, cuya redacción legal es ambigua e incompleta, ha permitido que aflore “la creatividad de la burocracia” para incumplir la ley.  Como la ley no precisa la denominación de las aseguradoras obligadas, puntualiza que el subsidio se abona solo al padre o a la madre trabajadora, y no especifica su periodicidad. Las aseguradoras no se sienten aludidas, los padres de familia que no están en planilla se encuentran excluidos y, por último, el gobierno “juega” con las cifras del subsidio. Encima, el Reglamento de la Ley 31041 devuelve a los términos de la ley al subsidio oncológico. Es decir, no completa ni resuelve la ambigüedad.  

En este contexto, el Congreso tiene la obligación de resolver los “impases” que mantiene la Ley del cáncer infantil. Es obvio, que, a pesar de las buenas intenciones, las falencias de la Ley 31041, han dado pie para que la burocracia se aproveche de las necesidades y expectativas de los pacientes y familiares. En ese sentido, las buenas intenciones hay que mantenerlas y, por tanto, se debe defender el subsidio oncológico, porque es una prestación económica, que, junto a las prestaciones sociales, aseguran el poder de acceso de los niños y adolescentes al cuidado, atención y tratamiento del cáncer. Es un avance hacia la seguridad social. 

La Ley 31336, la segunda de estas leyes, es conocida como la Ley General del Cáncer, que incluye a los pacientes del cáncer en los planes de cobertura del aseguramiento mercantilista, por tanto, deben escalar del Plan esencial, al Plan Complementario y por último, al Plan de Alto Costo, donde se supone que recibirán las intervenciones y tratamientos adecuados, aunque sean costosos. Sin embargo, se necesita crear una serie de normas o directivas detalladas en las 16 disposiciones complementarias finales de la Ley, pero aún no se cumple. Desde el establecimiento de los umbrales de “costos” a que está dispuesto a sufragar el gobierno y los mecanismos especiales para la adquisición de medicamentos y tratamientos “caros”, hasta las “guías clínicas estandardizadas” para los diversos tipos de cáncer y otros aspectos más, 16 disposiciones complementarias finales. Según la Constitución Política, los ministros responden por los actos del presidente en lo que atañe a sus sectores. Encima, el ministro ha sido protagonista de esta ceremonia en el patio del Palacio de gobierno. La fiscalización política del Congreso es imprescindible. La Comisión de Salud y Población ha pasado, en su oportunidad, por alto el tema, ahora le toca a la Comisión de Fiscalización y al Pleno del Congreso.