Políticas públicas contra la obesidad y el sobrepeso

Desde mayo del 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado 28 países del mundo considerados pioneros en la prevención y la gestión de la obesidad debido, por un lado, a sus datos epidemiológicos, sus prioridades estratégicas y su marco normativo; y por otro lado, por el interés manifestado para recibir apoyo técnico de parte de la OMS. El Perú es uno de estos 28 países.

Según la OMS, se llevará a cabo el Plan de Aceleración, de manera gradual en todas las regiones del mundo. El Plan de Aceleración contiene recomendaciones con cinco líneas de trabajo: “identificación de medidas prioritarias costo eficaces; apoyo a la aplicación de medidas nacionales; comunicación y promoción a nivel mundial, regional y nacional; promoción de la participación sostenida y de asociaciones, así como, el seguimiento de los progresos realizados en la reducción de las tasas mundiales de obesidad y la presentación de informes al respecto”. La OMS también “trabaja para ayudar a estos países a acelerar sus progresos mediante la elaboración de hojas de ruta adaptadas con intervenciones prioritarias claramente definidas, con un seguimiento de las metas a mediano plazo (2025) y a largo plazo (2030), y una vía clara para su aplicación". 

El primer aspecto a tomar en cuenta son los datos epidemiológicos que según el “Análisis del panorama del sobrepeso y la obesidad infantil y adolescente en Perú”, elaborado por el Centro Nacional de Nutrición (Cenan, del Instituto Nacional de Salud), el Programa Mundial de Alimentos,  Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el Perú el sobrepeso y la obesidad afectan al 8.6% de la población infantil menor de cinco años. Es decir, según los umbrales de prevalencia, existe un problema medio.

La población afectada entre 6-13 años, tiene un umbral de prevalencia de 38.4%, es decir, muy alto. Los adolescentes afectados son un 24.8%; por tanto, refleja un problema alto y las mujeres en edad fértil, con 66%, tienen un problema alto. El estudio concluye que “tres de cada 10 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años tienen sobrepeso u obesidad y a llegar a la edad adulta más de la mitad se verán con esta condición". Asimismo, al analizar la tendencia por el rápido incremento señala que “al 2030 más de un millón de niños, niñas y adolescentes peruanos entre 15 a 19 años vivirán con obesidad".

El segundo aspecto es la priorización, que, según el estudio aludido, está referido al “problema de la obesidad infantil en edades desde los 6 a 11 años, así como, en la adolescencia. Esta prioridad es un reto debido a que las intervenciones y los programas con más atención y presupuesto sólo son destinados a la salud y nutrición de la mujer gestante y niñas y niños menores de cinco años". Como se puede apreciar, no existe un alineamiento entre las prioridades halladas por el estudio y la asignación del presupuesto público. El esfuerzo realizado para elaborar una priorización mediante “el diálogo deliberativo” con una metodología de 5 etapas, con sus respectivos instrumentos, con la intervención de actores y expertos, en grupos de trabajo, que utilizaron los criterios de relevancia, aceptación y factibilidad que concluyeron en 24 recomendaciones, publicadas en tablas que las describen y señalan el plazo de realización y las instituciones o sectores responsables de la solución. Por ejemplo, se recomienda “activar y garantizar la permanencia de la Comisión Multisectorial de Lactancia Materna para la promoción y protección de la lactancia materna, en el corto plazo y el responsable es el Ministerio de Salud, Lactared y otros organismos relacionados".

El tercer aspecto, es el normativo. En este contexto es útil señalar que el tema del sobrepeso y la obesidad como áreas prioritarias de la Política de Salud están alineadas con las políticas de Estado del Foro del Acuerdo Nacional. Además, la Ley promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes (Ley 30021) del 17 de mayo de 2013 que promueve la educación de estilos de vida saludables, el fomento de la actividad física, la implementación de kioscos escolares saludables, la supervisión de la publicidad y la información de los alimentos y bebidas, entre otros aspectos, para reducir y eliminar las enfermedades relacionadas con la obesidad el sobrepeso y las enfermedades crónicas. No es la única norma relevante, aunque su aprobación, luego de arduo debate, representó un hito en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. También están vigentes otras normas como el manual de advertencias publicitarias, el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas, el reglamento de alimentación infantil, entre otras. 

El estudio antes aludido, demuestra que “el marco normativo es amplio, reciente y basado en evidencias”, sin embargo, por un lado, se debe fortalecer el seguimiento, la evaluación y las sanciones, así como, la asignación presupuestaria, y, por otro lado, aclarar o precisar las responsabilidades de las instituciones involucradas en el cumplimiento de las leyes y las normas.

Tanto las recomendaciones de la OMS, como, las que se incluyen en el “Análisis del panorama del sobrepeso y la obesidad infantil y adolescente en Perú” soslayan el tratamiento o las intervenciones para los afectados, así como, los costos que acarrean. Aún persiste la creencia de que estos tratamientos son estéticos y, por tanto, no son incluidos en los sistemas de seguridad social, como EsSalud o el Seguro Integral de Salud (SIS), ni en las aseguradoras privadas. Aún pasan desapercibidos los síndromes metabólicos en niños y adolescentes, así como, en adultos, así como, la franca diferencia a favor de un mayor número de casos de las zonas urbanas frente a las zonas rurales.

En ese sentido, es necesario realizar las evaluaciones para detectar el síndrome metabólico en todas las personas con sobrepeso u obesas mediante la evaluación del perímetro abdominal, de la glicemia (azúcar en sangre) en ayunas, de los triglicéridos y del colesterol, así como, la medición de la presión arterial. Además, es necesario que las aseguradoras públicas o privadas, realicen estas evaluaciones, por tiempo indefinido, debido a que son condiciones crónicas. Por otro lado, EsSalud y el Seguro Integral de Salud, implementen los servicios o centros de cirugía bariátrica, así como, una red nacional a cargo del Minsa que afronte el problema del sobrepeso y la obesidad con la utilización de recursos innovadores, tanto médicos como quirúrgicos.  Las consecuencias de esta negligencia, no sólo involucran sufrimientos a largo plazo para los ciudadanos con esta condición, sino, que es un gasto que sufraga la sociedad en su conjunto. ¡El Congreso y el Poder Ejecutivo tienen un gran reto!