Polarización, victimización del presidente y salud

El presidente de la República ha dirigido el mensaje al Congreso, al que está obligado por el artículo 118, inciso 7, de la Constitución Política. Un mensaje que es obligatorio, personal y por escrito, y que debe contener “la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso”. A excepción del primer mensaje, los demás mensajes deben ser “aprobados por el Consejo de Ministros”; por tanto, el presente mensaje, ha sido aprobado previamente por los ministros. 

El presidente ha reiterado, que su gestión “ha sido rodeada de negativos presagios infundados que comenzaron el mismo día de nuestra victoria electoral y, es necesario precisarlo, que provenían de los sectores más conservadores, aquellos que nunca quisieron el cambio y la justicia social”. Además, señaló que a pesar “del disgusto de quienes se creen dueños del Perú, seguimos avanzando”. En alusión a los medios de comunicación y a las últimas denuncias de corrupción que ha realizado la Fiscalía y que involucran a su gobierno, señaló: “no importa que quienes debieran también informar, hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios elementales del Derecho, que probemos nuestra inocencia”.

Asimismo, asumió su función de víctima al señalar que “este primer año he recibido una bofetada en una mejilla de aquellos que no aceptaron perder legítimamente en las elecciones presidenciales con el voto consciente del pueblo. Pero, en este segundo año no voy a poner la otra mejilla; si no extenderles la mano para trabajar juntos en beneficio del pueblo.” También se ha quejado, que han “ocultado lo que hemos hecho estos doce meses, cómo lo voy a demostrar”. Admitió, asimismo, que “hemos cometido errores con algunas designaciones, así como brindar confianza a quienes se aprovecharon y burlaron de ella”. En ese sentido, señaló que los actos de corrupción e inconductas son opuestos a sus valores y principios; por tanto, reconoció el trabajo “que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial”. 

El mensaje, como puede apreciarse, ha tenido como objetivo, polarizar a los ciudadanos en dos bloques, declararse víctima del bloque poderoso, retardatario y conservador y deslindar con su entorno corrupto para enarbolar su inocencia. Asimismo, revisó, las acciones sector por sector, con abundantes cifras sin contextos de referencia, que han demostrado superficialidad o la intención de imposibilitar su respectiva validación. La forma dispersa, inconexa de presentar las acciones realizadas y las propuestas futuras, ha demostrado la ausencia de un norte estratégico coherente, por tanto, no se ha visualizado una acción de coordinación y articulación intersectorial y social para lograr los grandes objetivos de gobierno.  

En ese contexto, por ejemplo, se ha excluido del mensaje a EsSalud. La exclusión es grave debido a que en esta institución, con autonomía constitucional y adscrita al Ministerio de Trabajo, el gobierno ha realizado cuatro designaciones sucesivas de presidentes ejecutivos en menos de un año; lo que, como es obvio, ha acarreado remociones en cascada desde el más alto nivel de funcionarios y técnicos de EsSalud. Igual suerte han corrido las sanidades militares, la Sanidad Policial y los servicios de salud de los gobiernos regionales, entre otros. Tampoco, ha señalado, mecanismo alguno para ampliar la oferta de servicios de salud y lograr que toda la población tenga poder de acceso a la salud y a la seguridad social. 

Los aspectos de salud abordados han sido escasos. El primero ha sido la lucha contra la cuarta ola de la pandemia Covid-19. Sin embargo, la ha reducido solo a la estrategia de vacunación que, como es obvio, es importante pero no suficiente. Encima ha sido puesta como ejemplo para saldar “deudas históricas” con las poblaciones nativas u originarias, sin percatarse de que estos ciudadanos han sido los más rezagados por el gobierno en el actual proceso de vacunación.

El segundo es que se ha referido a las inversiones en infraestructura sanitaria, que como es obvio, son a mediano y largo plazo. En ese sentido, ha señalado que ha habilitado y transferido un total de S/ 257 millones de soles para inversiones en salud, adicionales al presupuesto del 2022, para las regiones de Loreto, Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Cusco, Apurímac, Lambayeque y La Libertad. La cifra es pequeña si se toma en cuenta que el dinero deberá ser distribuido entre las diez regiones aludidas.

También, ha anunciado, la elaboración del Expediente Técnico del Hospital de San Juan de Lurigancho, la elaboración por parte del PRONIS del anteproyecto arquitectónico para la construcción del Hospital Sergio Bernales en el distrito de Comas, el reinicio de las obras de demolición, desmontaje y reforzamiento de la infraestructura existente del Hospital Antonio Lorena de Cusco. 

En el tercer aspecto engloba temas variados. Por ejemplo, que el “99.4% de población objetivo, se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud”. Sin embargo, esto no implica que exista oferta de servicios de salud, y menos el acceso a atenciones médicas o de salud por parte de los ciudadanos. Señaló que “ha impulsado” las pruebas de tamizaje para la detección de los cánceres prevalentes y la compra de más 2.9 millones de medicamentos oncológicos.

El cuarto aspecto ha sido el tema laboral.  Por un lado, ha señalado que ha aprobado la continuidad de 59,166 trabajadores contratados con el régimen CAS-Covid con pase a CAS regular. Contradictoriamente, solo un día antes había observado la autógrafa de Ley que hace realidad esa promesa. El Congreso debe resolver esa incoherencia con la insistencia y la promulgación de esa Ley. De igual manera, el anuncio del proceso de nombramiento de 54,188 trabajadores de salud no ha sido acompañado con el respectivo proyecto de Ley que haga realidad esa promesa. ¡La calle está fría y escasean los votos en el Congreso!