Mascarillas, fronteras y poder de acceso a la salud

En los últimos días, a raíz de la designación del nuevo ministro de Salud, se ha generado un debate por el uso de las mascarillas o tapabocas en lugares abiertos y al aire libre. La exigencia de eliminar la mascarilla parte de ciudadanos que comparan la decisión del gobierno con las que han tomado otros países, incluso, vecinos, que han eliminado o han restringido su uso. Las explicaciones que ha dado el Instituto Nacional de Salud (INS) para mantener el uso de la mascarilla en espacios abiertos y cerrados son tres: baja tasa de la tercera dosis de la vacunación, cobertura heterogénea de vacunación a nivel nacional y presencia de las “subvariantes” del coronavirus.  

Las cifras globales de la cobertura de vacunación –por ejemplo, se señala que ya se ha vacunado al 49% de la población programada– esconden que hay grupos humanos, como las poblaciones nativas u originarias, en los que ni siquiera se ha llegado a una cobertura de vacunación del 27% de la segunda dosis. Ni referirse al inicio de la tercera. La misma suerte corren otras poblaciones, como las altoandinas, las comunidades dispersas y los muy pobres. También el INS ha señalado que se debe tener en cuenta el avance de la variante BA.2 que es 30% más contagiosa que la variante BA.1, “que fue la causante de la “tercera ola”. Además, que “al comienzo” de las 250 muestras por semana, los casos de la variante BA.2 eran aislados, menos del 1%; ahora ya corresponden al 5%”. Cómo se puede apreciar, el uso de la mascarilla se ha convertido en un indicador útil para evaluar la eficacia de la lucha contra la pandemia. 

Es probable que el gobierno de Chile haya hecho la misma evaluación para decidir si abre o no su frontera norte con el Perú; es decir, la que separa Arica de Tacna. Las mismas explicaciones que ha dado el INS para mantener el uso de las mascarillas le podría servir al vecino país para retrasar el libre tránsito por las fronteras. Como se sabe, Chile es muy exigente con los cuidados y la bioseguridad de sus visitantes, debido a que se encuentra en una mejor posición en la cobertura de vacunación. Abrir su frontera norte sin la debida precaución podría exponer a su población a riesgos del Covid-19. En ese sentido, es una buena noticia que el gobierno de Chile haya afirmado que abrirá su frontera norte con el Perú el primero de mayo del 2022. 

Está de más señalar las ventajas que tiene para el Perú, sobre todo para el sur del país, ese paso fronterizo; por ejemplo, en el aspecto económico, por el comercio y su dinamización de todo tipo. En el aspecto social y cultural, porque permitirá, el reencuentro de familias que viven a los dos lados de la frontera, el desarrollo de la cultura y  de las vivencias compartidas entre ambas ciudades “hermanas”. Además, del aspecto geopolítico, porque consolida y desarrolla la frontera “tripartita” entre Chile, Perú y Bolivia. La parte peruana –con la sociedad civil, los comerciantes, empresarios y el gobierno, entre otros– ha batallado para lograr que el gobierno de Chile anuncie que abrirá su frontera, y ahora vigilan que ese ofrecimiento se cumpla.  

En ese contexto, sea para el uso de las mascarillas o para el comercio internacional, o para cualquier otra actividad que implique desplazamiento de personas y para la vida en colectividades, es irremplazable la intervención social para lograr alta tasas y coberturas de vacunación. Y aunque parezca increíble, el gobierno del Perú, en contra del sentido común, ha perdido el paso debido al modelo de salud que “solo garantiza” el acceso y no el “poder de acceso” de los ciudadanos a la salud. Es decir, por analogía, se debe hacer explícita la diferencia que existe entre “compra” y “poder de compra”.  

Por ejemplo, de manera reduccionista, el gobierno para referirse al acceso o accesibilidad a la salud se enfoca en  la posibilidad física de acudir a los establecimientos o a los servicios de salud, así como a los servicios de agua, desagüe, limpieza pública, vivienda, entre otros determinantes económicos, sociales y culturales de la salud. Es decir, se refiere al alcance geográfico y a las facilidades para ingresar a los servicios de salud. También señala como un atributo del acceso a la no discriminación bajo ningún concepto; por ejemplo, por etnia, grupos marginados,  minoritarios u otros. Un tercer aspecto, reduce  la accesibilidad económica a que los servicios de salud se encuentren al alcance de todos y que los pagos por los servicios sean equitativos, inclusive para los “marginados o desposeídos”, y que “los pagos no representen una carga económica desproporcionada” para los hogares. Y por último, el gobierno agrega el derecho a solicitar, recibir y difundir  la información relacionada con la salud, pero con la confidencialidad “de los datos personales”. Es decir, se obvia el concepto de intimidad personal.  

Si bien es cierto que estos aspectos son, en gran parte, necesarios para el acceso, no son por sí solos útiles para lograrlo, porque está ausente el poder de acceso. Esto último implica que el gobierno diseñe un modelo de salud que mediante mecanismos de solidaridad –por ejemplo, de seguridad social– otorgue ese poder de acceso, sobre todo a la población, que por sus propios medios no accede a los servicios de salud, a pesar de que estos se encuentren enfrente de su morada. Estos mecanismos son conocidos como prestaciones médicas y sanitarias, prestaciones económicas y prestaciones sociales.

El “acceso” solo implica que las prestaciones médicas y sanitarias se oferten; pero el “poder de acceso” resuelve, mediante las prestaciones económicas y sociales, que el acceso sea real y efectivo. Las bajas coberturas de vacunación en las poblaciones más desfavorecidas demuestran, una vez más, la inequidad e injusticia del “modelo de salud” vigente.