Los que traducen la política

Cuando transcurrían los acontecimientos de noviembre de 2020 un amigo del extranjero me compartía su deseo de que “la tiranía impuesta en el Perú” culminara pronto y que el pueblo en las calles logre retirar al dictador. Se refería, desde luego, a un presidente legítimo que devenía de un procedimiento impecable y constitucional de vacancia por incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra (que ya había tenido precedentes); en concreto, se refería a Manuel Merino. No era un dictador sino un presidente de transición bajo el marco de la Constitución, pero los corresponsales y las malas notas que se leen en el extranjero suelen difundir lo que no es, y la gente suele creérselo. 

La calle, bien seguida por los medios, presionó al Congreso y a Merino a dar un paso atrás y poco importa lo que los constitucionalistas de la PUCP o los politólogos que la hacen de oráculo de naderías interpreten. La falacia, el magister dixit, la falsa argumentación del Derecho y, sobre todo, la creación de una corriente mayoritaria, operan como verdad absoluta que nadie se atreve a contradecir. Merino era un presidente constitucional y la calle instigada o mal informada forzó para quitarlo del poder. 

El politólogo Alberto Vergara decía en el New York Times en español: “Merino repite las carencias. Hasta hace unos meses nadie sabía de su existencia. Fue elegido para completar el año y medio restante en el mandato del Congreso disuelto y obtuvo poco más de 5000 votos. Y las encuestas indican que la gran mayoría de la población estaba en contra de la vacancia. Su legitimidad para ejercer la presidencia es cercana a cero”. Paniagua fue también el menos votado, ¿y qué? No sé exactamente la razonabilidad o utilidad de la ciencia política, creo más en la historia, la lógica y el Derecho Constitucional. En realidad, la vacancia cumplió con el procedimiento y obtuvo la gran mayoría de votos (105), no fue un complot, y que “la mayoría estuviera en contra” no hace a un gobierno ilegítimo. La legitimidad es la justificación del poder en general, responde a un pacto social (en general, vale decir) y no depende de las encuestas. Si la legitimidad dependiera de las encuestas o de las turbamultas en la Plaza San Martín, muy pocos gobiernos en el Perú hubiesen sido legítimos.

El mismo análisis vale para la disolución del Congreso. Los congresos no se disuelven sino por la censura o la negación de confianza a dos gabinetes. Se entiende de la interpretación histórica que no se refiere a simples negativas sino a asuntos generales de gobierno. Un gobierno librado a disolver congresos que le nieguen la confianza respecto a iniciativas o propuestas regulares o simples está sometido a la inestabilidad y al dominio del Ejecutivo, con lo que el equilibrio de poderes se rompe. Podrá a muchos no haberle gustado la mayoría fujimorista en el Congreso, pero fue una disolución irregular, a las patadas y forzada bajo un concepto que no existe en el Derecho Constitucional: “la denegación fáctica”. 

Para los que traducen la política en el exterior y los falsos oráculos de los medios, la verdad es lo que conviene que sea verdad, que se consolida con la falsa creencia general. En política existe un fenómeno, “si todos dicen que una pared es azul, aunque la veas verde dirás que es azul o te quedarás solo”. Pensar a contracorriente es siempre un problema, pero como San Agustín: Verum est id quod est, “la verdad es lo que es”.