El laberinto de las empresas estatales en el Perú

En los últimos tres años la visión de las empresas estatales ha estado marcada por el mal desempeño de Petroperú, que en el período 2022-2025 ha registrado pérdidas por cerca de 2,000 millones de dólares (MMUS$), requerido apoyo estatal vía capitalización por 2,500 MMUS$, y créditos por 2,300 MMUS$ desde el Banco de la Nación y la caja fiscal. 

En el caso de la petrolera estatal las miradas sobre las responsabilidades del mal desempeño han estado puestas más en el presidente de directorio de turno y la plana gerencial, dejando de lado a los directores y los miembros de la junta general de accionistas, en la que participan los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (MINEM), así como los viceministros de Economía, Hacienda e Hidrocarburos. 

Desde la aprobación del Proyecto de Modernización de Refinería Talara, pasando por los endeudamientos y llegando hasta los salvatajes, las responsabilidades han pasado por el MEF, donde no pueden darse por desentendidos, teniendo como corresponsables a las máximas jerarquías del Minem. 

Pero en el tema de las empresas de propiedad estatal o gestionadas por el sector gubernamental, como EsSalud, los parámetros de gestión los pone el Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que es presidido por el titular del MEF de turno. Desde esta dependencia gubernamental se nombra a los directores de todas las empresas bajo su ámbito, que son 34. 

Una primera inquietud es si el Fonafe actúa con criterio técnico en la designación de directores, y la conclusión es que no es así. El favoritismo político inducido desde el Ejecutivo y Legislativo prima y se ha convertido en un aserto con escasísimas excepciones, que los designados no conocen los sectores donde se desempeñan las empresas que ellos dirigen. 

Con lo afirmado se abre una nueva vertiente, la influencia de la clase política que interactúa con el Ejecutivo, son ellos los que recomiendan y presionan para que sean designados sus preferidos, que serán el vehículo para que los políticos intervengan en las decisiones empresariales. Por la baja calidad de los integrantes del Congreso lo usual es que sus propuestas de directores también sean inapropiadas.

La siguiente derivada del ámbito político llega a los partidos, que hoy en términos reales no son organizaciones, sino un grupo pequeñísimo de personas que manejan un logo a su antojo, no cuentan con técnicos en las diversas disciplinas que el Estado gestiona y recurren a cuadros extrapartidarios con los que tienen cercanía. Si hablamos solo a nivel de directores de las empresas del Fonafe, ningún partido tiene 170 profesionales, que son los requeridos. 

En el Fonafe adicionalmente a lo mencionado, hay un mal de origen que se ha convertido en hereditario: no les gustan las empresas del Estado y menos aún que sean exitosas. Queda el pensamiento de que las empresas que dirigen deben ser privatizadas, lo que es un imposible, porque la época de la venta de acciones de las estatales ya pasó. 

En el orden de ideas de lo expresado, en el Fonafe solo hay preocupación de recoger las utilidades de las empresas a su cargo para apuntalar el Presupuesto General de la República, y no hay interés alguno en la reinversión para mejorar la gestión y brindar un buen servicio. 

Por lo mencionado nada bueno se puede esperar en el ámbito empresarial del Estado en el futuro cercano. Se necesita una visión nueva en la clase política para el ingreso del capital privado como socio mayoritario en las estatales o formas imaginativas de manejar la cartera de inversiones que no puedan ejecutarse con fondos públicos. 

Es una tarea para empezar a tener propuestas y hacer que la clase política las haga suyas.