La caída del ministro de Salud

Mediante un tuit propalado a las 22:36 horas del 23 de octubre del 2022, el presidente la República destituyó al ministro de Salud, Jorge López, con el siguiente texto:“Ante los hechos propalados por un medio de comunicación, que involucrarían al actual ministro de Salud, y en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido dar por concluidas sus funciones. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el país”. Momentos antes, un reportaje periodístico del programa Punto Final había revelado que el ahora exministro de Salud ordenó a seis servidores de su confianza, del Despacho Ministerial, realizar depósitos en la cuenta de su expareja por sumas de S/ 9,000 y S/ 9,900 cada uno, y una persona “no identificada” depositó S/ 16,500, hecho que ocurrió el 31 de agosto del 2022. 

Es decir, en total fueron depositados S/ 98,400. Según el mismo reportaje, un empresario de la Salud también había depositado S/ 70,000 dólares en una cuenta en dólares que la expareja abrió el 22 de agosto del 2022. Luego el ministro aclararía que habría sido por la venta de un tomógrafo y de sus ahorros.  El dinero depositado, según el reportaje, sirvió para la compra de un departamento, ubicado en el distrito de Jesús María, en Lima. Ha sido llamativo, por un lado, que los montos sean inferiores a los S/ 10,000 –que es la cifra que obliga a declarar la procedencia del dinero– y que haya decidido prorratear los depósitos en varias agencias bancarias y por distintas personas. Por otro lado, que el presidente haya tomado una decisión inmediata para destituirlo, contrariamente a su costumbre, evidenciada con otros ministros y funcionarios cuestionados. 

El cambio de ministro no debería ser solo un cambio de personas. El sector Salud y el Sistema Nacional de Salud adolece de serios problemas de organización, gestión y ejecución de políticas públicas que permitan que la población no solo tenga acceso a la salud, sino también el “poder de acceso”; sobre todo de los más pobres y vulnerables, de las poblaciones nativas u originarias y de las comunidades dispersas. El poder de acceso se logra mediante las prestaciones médicas y de salud, así como, de las prestaciones económicas y sociales de los habitantes, que son inherentes a la seguridad social. Es decir, un sistema solidario y distinto al aseguramiento mercantilista hoy vigente.

Además, han quedado conflictos y controversias para el futuro ministro: la emisión de certificados de defunción falsos que se descubrió cuando uno de los implicados en el caso denominado “gabinete en la sombra”, y dueño de la casa ubicada en la calle Sarratea –en la que el presidente de la República, a inicios de su gobierno, sostenía reuniones y fungía como despacho presidencial informal– se había dado a la fuga y, además, figuraba como fallecido en los registros de la Reniec.  Luego se supo que también figuraban como fallecidos políticos, artistas y otros. El Ministerio de Salud (Minsa) criticó a la Reniec, sin tomar en cuenta, que al Minsa le corresponde otorgar la seguridad nominal de sus usuarios. Tampoco señaló que mediante resoluciones ministeriales se autorizó la certificación de la muerte, que por ley corresponde a los médicos, a otros profesionales de la salud, a los técnicos y auxiliares de enfermería, e incluso a “otros autorizados.”  Para no dejar dudas de la falta de control del Minsa, la Reniec en un comunicado retomado por el Diario Oficial El Peruano señaló que el 24 de octubre del 2022 “solo ha activado 14,155 usuarios válidos para la Plataforma Sinadef (Sistema Nacional de Defunciones) de una lista de 37,000 usuarios que había remitido el Minsa. Aunque parezca increíble, el comunicado señala que en el resto de los usuarios de la lista han encontrado “inconsistencias (no figuran en el registro de identificación de personas naturales, tienen el DNI errado, no contienen correo electrónico del médico usuario, entre otras).” Además, agrega que “la lista de usuarios inconsistentes está siendo remitida al Minsa para su revisión y validación”. Por el corto tiempo transcurrido en las investigaciones sobre el rol del Minsa en el otorgamiento de los certificados falsos de defunción, aún el proceso se encuentra en sus inicios.  

Las designaciones de viceministros se realizan con resoluciones supremas, es decir, con la rúbrica del presidente de la República.  El ministro, sin embargo, mantuvo durante casi toda su gestión, solo con resolución ministerial a un viceministro encargado. Aún no se ha esclarecido el motivo de tan prolongada encargatura de cinco meses, sobre todo en un puesto de alta responsabilidad, que tiene bajo su mando la conducción del Programa Nacional de Inversiones del Minsa (Pronis),  el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos estratégicos (Cenares), cuatro direcciones generales, (Aseguramiento e Intercambio Prestacional, con relación estrecha con el Seguro Integral de Salud); Telesalud, Referencias y Urgencias, así como, la direcciones generales de Operaciones y de Personal de Salud. También, las cuatro direcciones generales de Redes Integradas de Salud (DIRIS), los hospitales e institutos especializados de Lima Metropolitana. Cómo se puede apreciar, el número de funcionarios de confianza es enorme, porque hay que considerar no solo a los directores generales (F5), sino, a los ejecutivos (F4) y los funcionarios (F3), denominados de “confianza”. Encima, las DIRIS, los hospitales y los institutos especializados, son cada uno por separado, entidades ejecutoras presupuestales, por tanto, sus funcionarios de confianza cobran relevancia en la gestión sanitaria. 

Ha generado controversias y conflictos la promulgación de la Resolución Suprema 018-2022-SA, que creó la Comisión de Alto Nivel para el nuevo Sistema Nacional de Salud, debido a la exclusión de los gremios empresariales y sindicales, a la sociedad civil, al Colegio Médico del Perú, entre otros más. También ha creado conflictos y una discriminación inconstitucional la Resolución Suprema 019-2022-SA que crea una comisión multisectorial para la implementación de una planta de vacunas, con plazos cortos, con escasos funcionarios del sector público y con una inversión cuantiosa. La situación solo de invitados del sector privado, de la academia y la investigación científica, parece indicar que ya “ronda algún convenio o contrato internacional”.