Eutanasia y manipulación política

La eutanasia es la decisión voluntaria de interrumpir el ciclo de vida personal. Las razones de quienes la promueven se fundamentan principalmente en que las condiciones de vida resultan ser un martirio permanente e insufrible para quienes se encuentran en condiciones de limitación física o enfermedad terminal; personas que todavía están en posibilidad de expresar su decisión de partir.

Ciertamente es lamentable que una persona se encuentre limitada en sus condiciones de vida. Y peor aún, sin viso alguno de superarlas porque la ciencia ya no puede apoyarla, o porque mantenerse con vida demanda un gran esfuerzo para sus familiares y relacionados (que no pueden sustentarlo indefinidamente). O por el contrario, si estas personas si están en posibilidades económica de sostenerse por sí mismos, ya no desean continuar.

¿Qué hacer en estos casos? Definitivamente son casos dolorosos y afortunadamente no son muy numerosos. Pero eso no significa que no se les deba prestar atención; sin embargo, hay que analizar qué representa que el Estado esté involucrado en casos individuales y profunda y legítimamente polémicos.

Propugnar la legalización de la eutanasia implica: 1) La elaboración de un proyecto de ley que tendría que ser aprobado por el Congreso. 2) El Ejecutivo tendría que promulgar esa ley u observarla y retornarla al Congreso para que este, si lo desea, la promulgue por insistencia. 3) Si alguien demandase que se le aplique la eutanasia, tendría que iniciar un proceso judicial para que un juez determine si se está cumpliendo con lo establecido en la ley y en su reglamento para determinar la ejecución de dicha norma. 4) El Ministerio de Salud tendría que crear un área o designar a alguno de sus profesionales para que lleve a cabo la disposición de la autoridad judicial.

Todo este recorrido podría tomarle años a quien desee que se le aplique la eutanasia. Y en dicho proceso podría ocurrir que alguna de las instituciones participantes exprese su discrepancia o renuencia a la aplicación por convicciones personales contrarias a la decisión judicial. Dicha persona que no crea en la eutanasia podría inclusive verse obligada a aplicar algo en lo que no cree, que entiende que es legalmente justo judicialmente, pero lo estime reñido con su conducta ética. ¿Es razonable que la voluntad de una persona –por más trágica que sea su situación– se imponga a la voluntad de un tercero por la acción del Estado? En lo personal, creo que no es razonable.

Analicemos el escenario nacional para esta circunstancia. De promulgarse una ley que autorice la eutanasia y, con el nivel de corrupción existente en muchas de las instituciones que estarían involucradas en el proceso de ejecución de la eutanasia, ¿podrá el Estado garantizar que no se cometan excesos (asesinatos) con muchos ancianos o personas en condiciones de discapacidad por el afán de lograr una rápida disposición de sus bienes? ¿Un notario o un empleado de alguna notaría o del Poder Judicial dará fe de que la persona desea dar término a su ciclo de vida y, por lo tanto, debe aplicársele la eutanasia?

Si una persona desea acabar con su vida por una circunstancia que considera intolerable, y está en condiciones de expresar su voluntad, puede comunicar su decisión a sus seres queridos y pedir que ya no lo asistan. De seguro, su voluntad se concretará en menor tiempo del que demora un proceso judicial. Y además evitará que su caso se convierta en objeto de debate público y del aprovechamiento político que siempre existe en temas controversiales.