El Congreso y el ministro de Salud

El ministro de Salud, Jorge López Peña, acudió el 6 de septiembre del 2022 a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República para responder un cuestionario de diez puntos. El número excesivo de puntos, cuyas respuestas tuvieron que compartir el tiempo de la sesión con otros temas de la agenda, “obligó” al ministro a realizar solo una revisión genérica de cada uno de los puntos.  Además, las respuestas a las preguntas que realizaron cada uno de los congresistas después de la exposición del ministro siguieron la misma tónica, debido a la escasez del tiempo.

Los diez puntos resumidos son: la  viruela del mono,  la aplicación de la Ley N° 31539, la reducción de brechas en recursos humanos, la vacunación contra la covid, el desabastecimiento de medicinas, las transferencias de recursos anunciadas y los documentos normativos necesarios para la implementación de la Ley del Cáncer, la atención de las enfermedades raras o huérfanas, la reglamentación de la Ley N° 31312 (que autoriza la producción familiar  del cannabis medicinal), y de la Ley N° 31311, que dispone la esterilización de perros y gatos, y el desarrollo de la infraestructura del Hospital del Niño. Como se puede apreciar, la dispersión de las áreas que abordaron impidió tocar los temas fundamentales de la gestión ministerial, a pesar de las preguntas de algunos congresistas, debido al complaciente formato de la sesión.   

En relación con la viruela del mono, el ministro señaló que hay más de 52,000 casos registrados en el mundo y que el Perú tiene 1,724. Sus “estrategias” de intervención han sido: primera, la adecuación normativa, mediante la promulgación de la RM 421-2022/Minsa, cinco alertas epidemiológicas y la Norma Técnica 187-Minsa/Digiesp-2022. La segunda, el desarrollo de capacidades del personal de salud y la creación de sistemas de información como la aplicación móvil Qatipay, el número telefónico 113 y el WhatsApp. La tercera es la creación de 83 brigadas móviles, volantes, coordinaciones con 37 organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La cuarta, es el fortalecimiento del diagnóstico de laboratorio. Por último, la compra de vacunas, a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para la población en riesgo. Ha faltado que precise las estrategias de intervención en las poblaciones “susceptibles” o en riesgo y alguna explicación plausible sobre el gran número de casos con relación a la población y frente a otros países de la región.  

Sobre las acciones que ha tomado el Minsa para la aplicación de la Ley 31539, que autoriza excepcionalmente y por única vez el cambio de contrato CAS-Covid a CAS regular al personal asistencial del sector salud, el ministro ha tenido que referirse, debido a que versa sobre la misma materia, también, a la Ley 31538, que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria, en los que se incluyen los contratos CAS, porque ambas tienen que ejecutarse al mismo tiempo. Sin embargo, debido a la omisión de la Ley 31538 y a la vaguedad de la pregunta, el ministro solo ha señalado que beneficiará a 58,662 servidores, y que se ha fijado el primero de octubre del 2022 como fecha de ingreso o cambio de los CAS-Covid a CAS indeterminado, sin concurso público y que solo bastará que se encuentren registrados en el Registro Único de Planillas (AIRHSP) y que tengan una antigüedad de 9 meses. Han quedado detalles esenciales sin conocer, como la forma en que han concordado ambas leyes con relación a los beneficios del servidor, que criterios han tomado para señalar el número de beneficiarios, como han sido tratados los profesionales de la salud contratados como CAS-Covid pero que no han efectuado el Servicio Rural Urbano Marginal (Serums) y cuál ha sido el monto total asignado para cumplir este compromiso.  Las incógnitas contrastan con el reclamo de los gremios de profesionales, que incluso amenazan con huelgas, por el incumplimiento del incremento correspondiente al cuarto tramo de la escala salarial, en la Ley de Presupuesto del 2023. 

Con relación a la reducción de brechas en recursos humanos en salud ha hecho hincapié en que según la OCDE el promedio de médicos por 10,000 habitantes es de 33 profesionales, sin embargo, en el Perú es de 15.33, es decir, menos de la mitad. Además, que, entre febrero del 2020 y agosto del 2022, se ha incrementado con 61,582 nuevos servidores, en ese sentido, el ministro resaltó que ahora la densidad de recursos en salud del Perú es de 41.05 servidores por 10,000 habitantes, muy cercano al 44.5 que es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Extraño beneplácito, debido a que solo demuestra que los servicios de salud están cubiertos, muchas veces, por personal no médico, en detrimento de la población. 

Por otro lado, ha señalado que para reducir la brecha de recursos humanos se han dado créditos suplementarios y la autorización mediante la Ley de Presupuesto 2022 (Ley 31365) para contratar personal por más de 184 millones de soles. Así como la asignación de 17 millones para el inicio a partir de este año del nombramiento del 10.4% del total del personal asistencial CAS, que concluirá el 2026. Asimismo, para el cierre de brechas de médicos especialistas ha resaltado el cumplimiento de la Ley de Residentado Médico (Ley 30453), sin tomar en cuenta, que esta norma requiere actualización, mayor presupuesto y cubrir las plazas que quedaron desiertas por las falencias administrativas del último concurso nacional. Sin embargo, ha pasado por alto la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de la ley de los servicios complementarios (Ley 31516) y de la ley que autoriza la doble percepción remunerativa en situaciones de emergencia (Ley 31427), que coadyuvaría a paliar la necesidad de médicos y de otros profesionales de la salud. ¡Más tiempo y mejor formato de sesiones! ¿Quo vadis Minsa?