Considerando en frío…

El debate debería centrarse en la problemática educativa

Tal vez en los últimos días —apremiados como siempre por las urgencias mediáticas— hayamos hablado y escrito más de actores políticos que del tema de fondo: la educación y su realidad. Insultos y amenazas han ido y venido de uno y otro lado, las redes sociales han bullido de opiniones interesadas y no de opiniones debidamente informadas. Se ha centrado el supuesto debate en un ministro, con prescindencia de lo que de veras importa y que hay que afrontar, con realismo y sin demagogia: la educación.

Por ser hombre de universidad y de larga data en ella —ya sea como jefe de práctica, profesor, autoridad o investigador, aquí o fuera— creo conocer la realidad de nuestras universidades, públicas o privadas. Esta reflexión, pues, brota del ejercicio de la docencia y la dicencia, y no de la maledicencia.

En una nota publicada en el diario La República el 29 de diciembre del 2015, PPK se mostró en contra de la ley universitaria. “Yo siempre he dicho que la Ley Universitaria me preocupa, porque puede interpretarse como una forma de control de lo que se enseña y discute en las universidades”. Y en declaraciones a El Comercio fue más allá. Pues dijo que la norma aludida “puede ser vista como una ley contra la libertad de pensamiento y enseñanza”.

Difícil entender cómo y por qué PPK cambió de opinión y adhirió sin cortapisas a la defensa de la sinonimia Saavedra=ley universitaria, como si el ministro hubiese sido el factótum de dicha ley, en vez del buen general Mora. Y he aquí algunas preguntas simples —planteadas a modo de insumo para la conversación—, que tal vez merecerían alejarnos de las honduras políticas partidarias, para hendirnos más bien en lo universitario.

Antes de hacerlas sería bueno que todos sepamos que en uno de los países con las mejores universidades del mundo —los Estados Unidos de Norteamérica- su Departamento de Educación no acredita instituciones ni programas educativos. Allí existe el Consejo de Acreditación Superior, que es el organismo coordinador más importante para la autorregulación de calidad en la educación. Se trata de una asociación que reúne a 3,000 institutos y universidades públicas y privadas, y que reconoce sesenta acreditadoras, cuyo prestigio depende de ellas mismas y de la calidad del trabajo que realizan.

Trasladémonos al Perú de hoy y a la multiplicación de la oferta de la educación superior, cuya existencia es efectivamente insostenible, y hagámonos algunas preguntas.

• ¿Podrá la todopoderosa SUNEDU supervisar la calidad del enjambre de la oferta educativa? ¿Cuánto tiempo tardaría en hacerlo? ¿O su poder discrecional convalidará formatos e informes de acuerdo a conveniencias aun políticas? Ya hemos visto que la universidad “de la copia y no del plagio” devino en Universidad —así con mayúscula— seguro por un milagro atribuible a sus gestores y a la propia SUNEDU.

• ¿En tiempos de vértigo de la información y del nacimiento de asignaturas y carreras nuevas —exigidas por el mercado y por los propios intereses de estudiantes no adocenados— podrá la SUNEDU aprobar con prontitud las asignaturas y programas educativos urgidos por la realidad?

• ¿Cuántas universidades públicas —aparte de las privadas llamadas “chicha”— necesitarían una reestructuración integral (que incluya concurso de cátedras, abiertos de ser necesario a profesores extranjeros) antes de la asignación de nuevos recursos? ¿Se atreverá la SUNEDU a hacerlo?

Sin ánimo de ser exhaustivo, vuelvo a proponer que los títulos y grados no sean en nombre de la nación. Que cada universidad gane su posicionamiento en el mercado en base a su prestigio.

Creo también que debemos tener una universidad pública de altísima calidad. Y no hay recursos económicos y menos capital humano calificado para que seis o siete —reestructuradas como se debe— se conviertan en referente de enseñanzas, aprendizajes y producción de conocimiento de calidad.

Y en cuanto al Ministerio de Educación, debería publicar semestralmente el número de egresados por especialidad en cada universidad, cuántos han obtenido empleo, cuántos en su especialidad y cuánto perciben económicamente.

El poder de la información y de la decisión en manos de los ciudadanos.

Eduardo E. Zapata Saldaña