¡Sigue el fracaso en la formalización minera!

Estado pretende cerrar pequeñas plantas de beneficio

En el Perú hay sectores que todavía creen que la economía de mercado es solo para algunos privilegiados. De allí que no obstante las buenas intenciones del Gabinete Zavala, alguien se haya dado maña para colocar disposiciones transitorias en los decretos legislativos sobre formalización minera que, en la práctica, terminarán bloqueando el proceso. Una verdadera locura, porque significa excluir de la economía de mercado, de los derechos de empresa y de la legalidad, a los más de 400,000 mineros artesanales. Estas reacciones oligárquicas del Estado solo le hacen el juego a las fuerzas antisistema que buscan atraer a sus prédicas estatistas al poderoso movimiento de mineros informales.

Por ejemplo, en la sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336 se prohíbe que un pequeño minero compre minerales de terceros. Se plantea entonces que un pequeño minero extraiga el mineral y lo procese en su propia planta de beneficio. Es decir, que se convierta en mediano o gran minero. En el Perú la mayoría de mineros artesanales le venden su producción a las plantas de beneficio formales e informales. ¿Cómo van a tener su propia planta los productores artesanales? En el país existen más de cien pequeñas plantas formales e informales que en total procesan alrededor de 2,500 toneladas de mineral por día para extraer oro, mientras que una gran minera puede procesar más de 540,000 toneladas diariamente. La disposición transitoria de marras entonces se propone liquidar la minería artesanal.

La ojeriza del Estado oficial en contra de las pequeñas plantas comenzó durante el gobierno nacionalista pasado. Por ejemplo, hasta el 9 de octubre del 2014 los mineros informales tenían un pie puesto en la formalidad, porque le vendían el mineral extraído a las plantas de beneficio y tenían que pagar el Impuesto General de las Ventas (IGV). En ese contexto, las plantas de beneficio formales se habían convertido en agentes de formalización, porque en las boletas que emitían se descontaba el 18% correspondiente al Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 4% del Impuesto a la Renta. De esta manera, si un minero informal vendía un total de 118 a una planta, recibía 96, porque se restaba 18 para el IGV y 4 para renta.

Sin embargo, el gobierno nacionalista —que se propuso criminalizar la actividad de los mineros informales— promulgó el Decreto Legislativo 029-2014-PCM, en el que se estableció que el pago de los impuestos ya no se realizaría a través de las plantas, sino directamente a través de los mineros artesanales. A partir de ese momento los pequeños mineros empezaron a sacar el RUC, se obligaron a contratar el respectivo contador e, incluso, quienes lograban mantenerse en la formalidad ahora solo pagaban 1.5% de impuesto a la renta, porque la mayoría de ellos no supera los S/. 525,000 anuales en ventas.

El resultado: la mayoría se mineros artesanales sacó el pie que tenía en la formalidad y buscó vender el mineral extraído fuera de la legalidad. Es decir, menos formalidad y menos ingresos fiscales para el Estado.

En este contexto, el Gabinete Zavala promulgó un decreto legislativo que le otorga un papel preponderante a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en el proceso de formalización minera. Grave error: el objetivo de la SUNAT siempre será incrementar los recursos fiscales y sancionar a los evasores, mientras que la formalización es una política de Estado —forma parte de la organización de un nuevo contrato social— que busca eliminar la exclusión reduciendo los costos de acceso a la legalidad.

Como se aprecia, por una extraña razón —que se debería investigar— una visión oligárquica de la economía ha ubicado a las pequeñas plantas de beneficio de minerales como los enemigos a combatir; cuando el sentido común y una adecuada estrategia de formalización minera nos indican que las mencionadas plantas deberían convertirse en las locomotoras de la formalización de los productores artesanales.