Segunda vuelta, democracia y mercado

El fujimorismo y el pepekausimo delinean estrategias

Alrededor del 70% del electorado, de alguna manera, se ha expresado a favor de mantener las líneas institucionales y económicas que han venido organizando a la sociedad peruana en las últimas décadas; también de alguna manera, se ha pronunciado en contra de la propuesta del radicalismo estatista que buscaba restaurar el proteccionismo, resucitar el Estado empresario y derogar la Carta Política de 1993. Semejante resultado podría llevar a algunos a sostener que la economía de mercado está a salvo y que ahora solo se trata de resolver la cuestión democrática.

Si bien existe mucho de verdad en la señalada interpretación, la realidad tiene muchos matices y claroscuros. Ni la democracia ni la economía de mercado están a salvo si en los próximos cinco años el Perú no avanza para terminar con la división de dos países —de un Perú real y de otro formal— que se manifiesta nítidamente desde las elecciones del 2006, 2011 y 2016. Si no hay reformas profundas, el voto de protesta del sur podría convertirse en una mayoría a favor de un Gregorio Santos o de Antauro Humala.

El mercado, por lo tanto, no está a buen recaudo. El crecimiento económico sin Estado —si bien ha reducido la pobreza como nunca en la historia— ha producido avances sociales a velocidad de crucero en los sectores modernos y logros demasiado lentos en diversas regiones del país. Por ejemplo, si bien en el sur hay una asombrosa reducción de la pobreza, todavía hay regiones con más de 50% de habitantes debajo de la línea de pobreza. Semejante diferencia social hacia arriba —no hacia abajo, como sucede con los estatismos— es el caldo de cultivo para las revoluciones y las propuestas antisistema. La revolución nunca la hacen los menesterosos, sino los propietarios enfurecidos ante la exclusión de los beneficios del crecimiento. En todo caso, Keiko Fujimori y PPK tienen la palabra sobre qué hacemos con el Estado. ¿Cómo se organiza un nuevo sistema estatal?

Ahora bien, también han surgido legítimas preocupaciones sobre la democracia, considerando que el fujimorismo ha alcanzado 71 congresistas en el Legislativo; es decir, ante el hecho de que el movimiento naranja controla el Parlamento. Las preocupaciones residen en que un triunfo de Keiko “podría quebrar” el equilibrio de poderes y el balance de las instituciones. Para algunos el control fujimorista del Ejecutivo y el Legislativo resucita los fantasmas autoritarios de los noventas.

En todo caso, en este tema —que se puede convertir en demasiado sensible durante la campaña de la segunda vuelta— el fujimorismo tiene la obligación de presentar iniciativas esclarecedoras. Por ejemplo, en caso de ser gobierno, ¿los naranjas cederían la Mesa Directiva del Legislativo a la oposición? Un compromiso de ese tipo despejaría cualquier suspicacia y además se convertiría en arma poderosa en la campaña, sobre todo ante las clases medias del país, muy sensibles al tema.

Pero si el problema es de compromisos con la democracia y el mercado, ¿por qué Keiko Fujimori y PPK no se atreven a proponer un acuerdo nacional antes de la elección presidencial? Dos candidatos que defienden los activos políticos y económicos de los últimos 25 años, ¿no deberían ser capaces de impulsar una convergencia nacional sobre puntos específicos, a la que se sumarían las demás fuerzas democráticas? Si algo así sucediese la política peruana subiría varios peldaños en calidad.

En todo caso las estrategias de la segunda vuelta comienzan a delinearse. El fujimorismo priorizará la agenda económica y social mientras que PPK —luego del desliz innecesario con Gregorio Santos— comienza a plantear la disyuntiva democracia y autoritarismo. A ver, dijeron los ciegos.