Jugadas políticas y cambios ministeriales

La semana que ha terminado nos llevó a vivir una jugada política que, desde Palacio de Gobierno, resultó ineficaz, equivocada y con alto costo para la imagen del gobierno, máxime cuando aún estaba sobre el tapete la crisis generada por la masacre ocurrida en Pataz y las decisiones tomadas respecto a la minería.

Tal como lo ha señalado Jaime de Althaus, con su acostumbrada lucidez, la presidenta optó por sacrificar al ministro de Economía, José Antonio Salardi, que en pocos meses de gestión había realizado muy buena labor en su cartera, con la idea de poner su cabeza en la bandeja de la izquierda, para evitar que, desde esas filas congresales, procediera la censura de su amigo Gustavo Adrianzén. Cabe recordar que había ya cuatro mociones para esa censura, cada una más contundente. Y de cierta manera, eran graves los términos en que se habían redactado, incluyendo cargos como el asesinato. Al margen de ello, en esa difícil coyuntura, de dolor, desgobierno y altísimos niveles de criminalidad, la señora Boluarte presentó un “reclamo” para que su sueldo fuera elevado a los niveles que, de acuerdo a ley, le podrían corresponder. No dudo de ese “derecho legal” pero qué habilidad hay para presentar esos temas en el peor momento, en la coyuntura de mayor descrédito y con una aprobación que linda niveles extremos.

Una jugada que va a costar muy caro fue el promover cambios en tres carteras, con la idea de apaciguar, como se ha mencionado, las críticas a una gestión desde la PCM. Más allá de la salida de Salardi en Economía y Finanzas, se hicieron cambios en los ministerios del Interior, y de Transportes y Comunicaciones. Esas dos áreas del gobierno están, de manera especial, siendo sometidas a observación y juicio por parte de la ciudadanía y los actos que de ellas se generan, son percibidos como manifestación de incapacidad y desgobierno. El asunto se hizo más grave cuando no bien procedido el juramento de esos nuevos ministros, el presidente del Consejo de Ministros, presentó su renuncia, evitando así la tan temida censura, pero ocasionando, igualmente, una crisis ministerial y un maltrato innecesario a los ministros que ostentaron el fajín por un par de horas.

Queda ver cómo es que el Congreso va a actuar para dar o no el voto de investidura pues se ha comprendido que la renuncia de Adrianzén, ha sido solo una maniobra y ha generado mayor descrédito. El gabinete en pleno, presidido ahora por Eduardo Arana Ysa y con cambios finales solo en dos carteras, debe de acuerdo a ley, presentarse ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, haciéndolo en un plazo no mayor de 30 días.

Cierto es que el nuevo gabinete es de “viejos conocidos” como se les ha denominado y es evidente que se ha recurrido a argucias e interpretaciones legales que, al final, sacrificaron a Salardi, quien no dudó en explicar en las redes sociales los logros en su breve paso por Economía y Finanzas. Pero esas movidas no han incrementado confianza ni credibilidad ni tampoco mantuvieron a Adrianzén quien, al presentar su renuncia, señaló que lo hacía prefiriendo los altos intereses de la Patria”, que no explicó cuáles eran esos y obvió una palabra de disculpa y una mínima mención a algo que pudiera haber sido equivocado en su actuar político.

No deja de sorprenderme que los renunciantes se estén acostumbrando a señalar que “no han cometido actos de corrupción”, como si ello no fuera su principalísima obligación pues la eficiencia y capacidad de gestión exitosas, solo pueden darse cuando la honestidad y honradez son transversales a todas las acciones de una autoridad y ello implica el actuar público y el privado ya que quien asume un cargo público, acepta, de hecho, estar sometido a una inclemente y a veces durísima observación.

Nuestro futuro político, que debe significar que la señora Boluarte logra llegar al fin del mandato que con ella inició Pedro Castillo, podría lograrse, quizá, gracias a un milagro, logrado por el peruano León XIV. Dios lo permita y, es quizá en esa búsqueda singular que solicitó autorización para viajar y se ha otorgado permiso para que la presidenta viaje a Roma y asista a la ceremonia de entronización formal del Papa León XIV, cuyas raíces y vínculos con nuestro país son preciosos y sólidos. 

En ese sentido rescato la opinión de la congresista Norma Yarrow cuando indicó que si bien la señora Boluarte no merecía que se le concediera el permiso solicitado, dada la cercanía del nuevo Pontífice con el Perú y el conocimiento que él tiene de nuestra realidad, así como las expresiones de cariño hacia nuestro pueblo, eran motivo para que ella estuviera presente en las ceremonias del caso. Y, una vez más, un desatino llevó a que se invitara a ese desplazamiento a dos autoridades igualmente cuestionadas, las que, con algo de criterio, declinaron la invitación.

Ante el mundo asociado a la Santa Sede, el Perú vive ahora un momento especial y es por ello que la persona que representa al Estado debe estar presente; no por méritos, sino por la autoridad que ostenta.