Poder criminal en Pataz

Dos son las características sustantivas que definen a la minería ilegal asociada a la criminalidad organizada, armada y violenta en Pataz como una amenaza crítica contra el estado de derecho y la seguridad nacional del Perú. Una es el asentamiento consolidado de la minería ilegal, verdadera economía criminal, en ese territorio. Otra, el progreso de los mineros ilegales para establecer, primero, una gobernanza híbrida, y luego, una gobernanza propiamente criminal sobre la sociedad allí. Ambas características convergen y hacen que en Pataz se forje hoy en día un experimento de «Estado fallido» que puede extenderse a otras regiones del país como Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna, Ucayali, también sobre la base de la economía criminal de la minería ilegal.

No se trata en este texto escueto de plantear una hipótesis de trabajo al respecto, sino de presentar y valorar hechos concernientes. No se puede, racionalmente, cuestionar la existencia observable y mensurable de activos físicos en Pataz asociados a la minería ilegal (terrenos para el procesamiento de minerales y vías construidas ex profeso para la extracción, instalaciones sólidas para acarrear mineral desde los socavones, edificaciones enormes, maquinarias y equipos pesados muy costosos) que configura una situación en la cual los mineros ilegales son un poder económico con presencia dominante en la zona, y que la economía local de comercio y servicios prácticamente representa el lavado de activos generado por su actividad, o depende de él. 

Es también deleznable cuestionar que la minería ilegal controla una parte significativa de la fuerza laboral local y que ha sido capaz de erigir tal división del trabajo que incorpora una estructura de gestión con áreas de logística y de recursos humanos, de operaciones, de seguridad y de defensa legal. La multiplicación de empresas operantes o fantasmales de propiedad de mineros ilegales sirve para amalgamar ese poder económico. Como en el caso del operador minero «informal» Segundo Cueva Rojas, sindicado en la prensa como propietario de cinco empresas –Aurífera Milagro EIRL, Inversiones A.M.Y.G. EIRL, Servicios Mineros Nueva Esperanza EIRL, Minera Marañón SAC– que presentan copropiedad con familiares, permitiendo visualizar una red de relaciones clánicas en base a vínculos de parentesco que quieren oscurecer el hecho de que la vida económica de Pataz es regida por la minería ilegal, al punto de haber reconfigurado la ocupación del territorio en función de sus actividades, y de atraer flujos de migración extrarregional y extranjera.

Asimismo, es irrisorio cuestionar que los operadores de la minería ilegal se han empoderado en Pataz adquiriendo con su enorme poder económico una creciente influencia, llegando a organizar la vida social de las comunidades locales (controlan las relaciones interfamiliares, proveen la parafernalia para festividades en los poblados locales, ejercen un padrinazgo sobre la comunidad, crecientemente tolerado, y hasta prescriben el calendario laboral en el área). En este proceso no puede sorprender que la minería ilegal escale al poder político, y lo hace por dos vías. Una de ellas es el cabildeo ante poderes constituidos, como el que realiza la denominada Asociación de Mineros Artesanales de Pataz a través de representantes que registran muchas visitas a congresistas como esos que son autores de la norma que derogó la primera disposición complementaria del D. Leg. 1607, que restringía severamente a la minería ilegal porque facultaba a la PNP a intervenir a aquellos operadores mineros que tenían en su poder explosivos sin autorización de Sucamec y además suspendido el registro en el Reinfo; o que son recibidos por parlamentarios que en la Comisión de Energía y Minas del Congreso han promovido a lo largo del año 2024 ampliar la vigencia del Reinfo hasta el 2027. 

Otra vía es la de adquirir directamente poder político por medios electorales, como el minero «artesanal» José Torrealva Yparraguirre, quien fue alcalde de Pataz (2015-2018) y ahora, afiliado a Podemos Perú, es propietario de una flota de camiones pesados para transporte de mineral; o el mencionado Segundo Cueva, quien en comicios pasados llegó a presentar su candidatura a un cargo de autoridad municipal por cuenta de uno de esos oportunistas movimientos políticos locales. Ambas vías concurren al establecimiento de lo que se ha dado en llamar una gobernanza híbrida en Pataz, ejercida por autoridades locales (municipales, sectoriales, operadores de justicia) sobre las que pesan la corrupción o la coerción que las hace vulnerables a tentaciones o amenazas, y que se expresa en su innegable liberalidad que ha beneficiado –vía licencias y autorizaciones– el crecimiento de los activos físicos y negocios vinculados a la minería ilegal.

En el proceso que transita de la adquisición de influencia social a la del poder político, la vinculación de la minería ilegal con la criminalidad organizada se manifiesta con la extremadamente peligrosa presencia de bandas armadas, que inicialmente operaban como «chalecos» de mineros ilegales y ahora son aparatos que pueden brindar seguridad bajo extorsión a los operadores mineros, o robarles con violencia lo extraído; y que se metamorfosean como protección armada de «parqueros» o bien como «servicio de seguridad» para la actividad extractiva y el transporte de mineral por cuenta de mineros subcontratistas. Tal es el caso de la empresa RRGAP SAC (no registrada en la SUCAMEC y por tanto operando ilegalmente), también de propiedad del operador minero «informal» Segundo Cueva, que contrató a los 13 trabajadores de servicios de seguridad asesinados en un socavón el 26 de abril pasado. 

También en Pataz se presentan abiertamente organizaciones criminales armadas y violentas intentando tomar el control de la vida económica y social en sustitución del Estado, creando coaliciones como esa llamada La gran alianza y otras agrupaciones que tienen relaciones muy fluidas de colaboración y conflicto entre sí, algunas de las cuales son franquicias criminales de organizaciones transnacionales como El tren de Aragua, o brazos autonomizados de poderosas bandas nacionales, como Los pulpos, y que han incorporado en sus filas a delincuentes muy peligrosos de procedencia extranjera, venezolanos y colombianos, por ejemplo.

En Pataz se ha llegado al punto en el que los nexos de asociación criminal volitiva o que es impuesta por extorsión, entre la minería ilegal y las organizaciones criminales armadas y violentas, alcanzan niveles en los que el poder delictivo se impone sobre el temor o la complacencia de las autoridades en el ámbito local y ese es el esquema de una gobernanza híbrida en la cual el poder del Estado se desvirtúa y su autoridad se pervierte. 

Mención aparte exige el hecho de que las bandas criminales tengan en su poder armamentos equivalentes en su letalidad a los de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; lo que significa que en Pataz ha colapsado el monopolio estatal de las armas y que esas bandas criminales presentan todas las características del «grupo hostil» que amerita el empleo enérgico y concluyente de la fuerza por parte de las FFAA y PNP, enmarcada por las disposiciones de los decretos legislativos 1095 y 1186.

La gobernanza híbrida es sólo un escalón para el establecimiento de una gobernanza criminal desembozada, como la que se puede anticipar para las próximas elecciones generales, municipales y regionales, en las que habrá, con seguridad, un amplio registro de agentes de la economía criminal postulando a cargos públicos. Entonces la territorialización de la minería ilegal y la gobernanza criminal habrán alcanzado su cúspide en los distintos niveles de gobierno, y eso acreditará el caso del Estado fallido en parte del territorio nacional.

Sin embargo, para presentar el panorama íntegro del poder criminal en Pataz es necesario diluir las narrativas que se están edificando respecto de la criminalidad organizada, armada y violenta asociada a la minería ilegal en cualquiera de sus formas. Para lo cual se debe referir hechos recientes con objetividad y, por tanto, con visión alejada de esos relatos interesados que se quieren imponer al respecto.

Hay una posverdad fabricada para impactar en la sensibilidad social con mentiras, que concierne a la minería que se mantiene en el limbo de la evasión y la elusión de la legalidad, y que adopta máscaras como la de «minería informal en proceso de formalización» que nunca culmina, o esas otras denominaciones artificiosas como «minería artesanal» y «minería ancestral», que en buena cuenta encubren los cuantiosos capitales invertidos en la explotación minera al margen de la ley; inocultables en Pataz a juzgar solamente por las suntuosas edificaciones que se erigen en sus poblaciones, la cantidad de maquinaria aplicada a la extracción de mineral, el gran número de camiones que a diario transportan cientos de toneladas de tierras extraídas conteniendo oro destinado a procesos industriales de «cianuración» y otros para purificar el mineral valioso, y el gran número de camionetas en las que transita toda suerte de mineros ilegales. 

En Pataz no hay prácticamente ningún minero de pico y azada con un pequeño equipo extrayendo mineral de las laderas; y tampoco hay grupos de población empobrecida en la necesidad de realizar esa actividad. Ni siquiera los trabajadores extractores asalariados por los mineros ilegales cuentan en algún segmento de pobreza monetaria, aunque prefieran vivir en condiciones de insalubridad y carencia de condiciones para la satisfacción de sus necesidades. Y por supuesto, no hay un «pueblo minero de Pataz» injustamente criminalizado por su actividad, según menciona una llamada Asociación de Mineros Ancestrales del Perú. Son bulos que es imperativo desterrar los de esa imagen de pobres trabajadores mineros como esos que de tanto en tanto se presentan con tumulto en Lima exigiendo la prórroga del Reinfo.

Otra posverdad es la que afirma la existencia de una contraposición tajante entre minería ilegal y minería formal. Hechos recientes no desmentidos y más bien validados con declaraciones propias muestran el estado de coexistencia entre ambas formas de la actividad minera. Ahora es irrefutable, por ejemplo, que la empresa minera formal Minera Poderosa mantiene vínculos estrechos con operadores mineros en ese limbo de la evasión o la elusión de la legalidad. Baste señalar el comunicado de dicha empresa, del 12 de mayo, donde afirma: «Poderosa tiene un largo historial de trabajo con mineros artesanales formalizados y en proceso de formalización del distrito de Pataz, con los que mantiene contratos de explotación minera (…) En la actualidad, Poderosa mantiene 286 contratos de explotación con mineros artesanales…». 

Hay que atender al detalle que el comunicado de la empresa no menciona, pero se ha conocido por la prensa. Es que el ya mencionado operador minero Segundo Cueva Rojas, propietario de la empresa minera informal Libmar SAC, estaba explotando bajo contrata el socavón de minera Poderosa donde fueron asesinados los 13 trabajadores en abril pasado, y se mueve en el negocio de la extracción de mineral aurífero que luego vende con preferencia a Poderosa. 

En este caso los ilícitos de Cueva se acumulan porque su actividad minera no está debidamente registrada en el Reinfo y porque realiza tratos de «enganche» de elementos para seguridad a través de un emprendimiento suyo sin amparo legal. Esta situación desnuda el relato de Poderosa, en el comunicado citado, acerca de que su «esquema de trabajo concertado y colaborativo ha sido considerado como un modelo en la industria» y respecto de que en su relación con mineros artesanales éstos «son evaluados dentro de un proceso de debida diligencia, además de trabajar coordinadamente para el adecuado cumplimiento de las normas que rigen el sector». En ese comunicado no hay mención alguna de la autoridad que valida la «debida diligencia», como tampoco se menciona a la agencia que ha considerado la subcontratación que representa «un modelo en la industria». Que en el mismo comunicado –en su punto final– Poderosa inste «al Ministerio de Energía y Minas a poner fin al Reinfo» es propiamente una lavada de cara que no subsana la ejecutoria precedente de dicha empresa. El victimismo de la empresa minera formal ante la criminalidad vinculada a la minería ilegal con la que trasiega subcontratas es también un bulo que es imperativo desterrar. 

Sobre lo que desde el Estado se está haciendo al respecto, se volverá en una próxima entrega.