¡Reducir la tramitología en los proyectos mineros!

Una de las grandes tareas de la administración PPK

El próximo gobierno 2016-2021 tiene el gran reto de destrabar alrededor de quince proyectos mineros (entre ellos Conga, Tía María, Galeno y Shahuindo) paralizados -reportados por el Instituto Peruano de Economía (IPE)- por los excesos de trámites y los conflictos sociales azuzados por el radicalismo antiminero. Todos los números y estadísticas coinciden en señalar que, a pesar de la caída en los precios de los metales, la minería moderna es un sector fundamental para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en el país. Si el nuevo gobierno logra destrabar los proyectos paralizados, el Perú obtendría una inversión de más de 30,000 millones de dólares.

Como señalamos, una de las causas de la no ejecución de los quince proyectos mineros es la excesiva carga de permisos y trámites. Vale recordar que PPK ha sostenido que en el 2002 se necesitaban nueve permisos para desarrollar una inversión minera, mientras que ahora se necesitan 262 autorizaciones. El Presidente electo afirmó: “No digo que todas sean innecesarias, pero son muchos. Desde el primer día [se refería a un nuevo gobierno] hay que romper eso”. Por su lado, Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) afirma que una de principales reformas que debe hacer el nuevo gobierno es reducir los tiempos para obtener el permiso de construcción de un proyecto minero. Hoy, el Estado se demora entre ¡cuatro y seis años! para otorgar solo el permiso de construcción. Otro de las reformas pendientes es agilizar los trámites a través de una ventanilla única y desarrollar un solo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Hoy cada gobierno regional y local (por más pequeño que sea) tiene un TUPA propio. Un informe de la Contraloría General de la República, en el que se analizaba 22 procedimientos administrativos en cinco sectores productivos (minería, pesca, agricultura, forestal y turismo), advirtió que se deben simplificar los procedimientos y reducir el exceso de normas. Del informe se desprende que hay cerca de 600,000 normas que están vigentes, no obstante que muchas no están reglamentadas. Además no hay que olvidar que el Perú compite con otros países (Chile, Canadá, Australia) por atraer mayores inversiones en el rubro minero. Sin embargo, según el Ránking de Competitividad Global 2015-2016, nuestro país se ubica en el puesto 133 de 140 países en el indicador de sobrecarga regulatoria.

La otra reforma es con respecto a los estándares ambientales impuestos por el Ministerio del Ambiente, en las que, al parecer, el ambientalismo radical se ha impuesto. Los Estándares Ambientales en el Agua, Aire y Suelo (ECAS) son absurdos. Por ejemplo, se ha establecido que el dióxido de azufre en el ambiente solo debe ser de 20 ug/m3/dia (microgramo/metro cúbico/día), pero en casi todas las ciudades industrializadas esa cifra se supera largamente. De cumplirse la delirante normativa (que ha sido suspendida por el 80 ug/m3/dia) impuesta por el Ministerio del Ambiente, no habría industrialización del país ni la tan mentada “diversificación productiva” podría hacerse realidad.

Por su antigüedad, Pucamarca —cuya inversión representa 750 millones de dólares— debería ser uno de los primeros proyectos mineros en retomarse, pues desde el 2008 no ha tenido la aprobación para su construcción.

De otro lado, nadie puede poner en duda que la minería representa un motor de crecimiento en el país. Los números hablan por sí mismo: la producción del sector representa el 14% del Producto Bruto Interno (PBI), genera empleo directo para más de 200,000 peruanos y explica, por ejemplo, la inesperada y sorprendente expansión económica del 2015 en un 3.3%.

El nuevo gobierno debe reducir la tramitología y simplificar los procedimientos administrativos para que el Perú sea un país competitivo en la minería.