Perú, ingreso medio y la guerra ideológica

La disyuntiva de impulsar reformas o de regresar al pasado

Como la mayoría de países de América Latina, el Perú, según los economistas, se clasifica como un país de ingresos medios. Con un ingreso per cápita por encima de los 11,000 dólares por paridad de poder adquisitivo (PPA), el país ya no puede pagar salarios tan bajos como en los países pobres, pero tampoco puede competir con las sociedades industrializadas. No somos tan pobres ni la economía es tan diversificada.

Cuando una sociedad ha alcanzado un nivel medio de desarrollo se expanden las clases medias y se acelera la diferenciación social. En ese momento, si no existe una élite y una sociedad política a la altura de las circunstancias, los países se hunden en la trampa de los ingresos medios y empiezan a involucionar. El Banco Mundial ha establecido que solo 13 de los 101 países que ingresaron a la trampa del ingreso medio en la década de los sesenta alcanzaron el desarrollo, entre ellos, Corea y Singapur. La fórmula: persistir en la economía abierta y la globalización, la construcción de un Estado nacional que resolvió los problemas de las infraestructuras, realizó una reforma educativa e impulsó la innovación, permitiendo la diversificación económica.

¿Por qué las sociedades de ingreso medio enfrentan semejante trampa? El crecimiento y la reducción de pobreza expanden el bienestar y aumentan las clases medias, pero también incrementan la diferenciación social. En ese instante surge el espejismo de la industrialización fácil y la ilusión del gasto social y del estado de bienestar. Se abandona el impulso de las reformas para relanzar el crecimiento y, tarde o temprano, empieza la involución, el viaje al pasado. De alguna manera es lo que está sucediendo dramáticamente con Chile y el gobierno de Bachelet. La reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de la educación y la reforma constitucional en gran parte explican el crecimiento mapocho de apenas 2%.

En el Perú las propuestas de los candidatos que disputan el balotaje no parecen considerar el momento histórico de la economía y la sociedad peruana que enfrenta la disyuntiva de arañar el desarrollo o empezar la involución, tal como ha sucedido en Venezuela y Brasil, por ejemplo.

La indolencia de Keiko Fujimori y de PPK frente a la reforma laboral ignora una cordillera que se levanta ante nosotros. Más del 70% de las empresas son arrojadas a la informalidad porque no pueden afrontar las obligaciones laborales formales. ¿Qué posibilidad de despegue o de innovación pueden desarrollar los millones de emprendedores al margen de la formalidad? La muralla está allí y nadie quiere derribarla.

Pero el tema laboral solo nos remite a la ausencia de un Estado nacional. Es decir, hubo un impresionante crecimiento y una asombrosa reducción de pobreza sin Estado, sin un contrato social que incluyera a todos. El déficit de infraestructuras es tan alarmante que la ausencia de carreteras, energía, transportes y conectividad mediante las nuevas tecnologías, imposibilita pensar en la diversificación industrial.

Pero a los problemas de las infraestructuras físicas también se agregan las debilidades de las infraestructuras legales. La falta de justicia predecible, las sobrerregulaciones de los procedimientos y trámites estatales, la existencia de una descentralización que ha quebrado la eficacia y la acción del Estado nos señalan los retos que debemos enfrentar.

Sobre esta realidad la izquierda desarrolla su prédica abogando por el regreso del proteccionismo y el Estado empresario como la receta para “diversificar la economía”. Y semejante ofensiva no tiene una respuesta de parte de quienes defienden el camino real a la prosperidad y la inclusión.

La mayoría de sociedades de ingreso medio que alcanzaron el desarrollo en las últimas décadas no eran democracias. En el Perú la existencia de una sociedad abierta que se consolida obliga a redoblar la guerra de ideas en contra de quienes proponen la involución y el viaje al pasado.