Otra vez “gas barato” sin política energética

El presidente de la República, Martín Vizcarra, parece haber inaugurado “el gobierno de la popularidad”. Una administración que solo existe para mantener y acrecentar el respaldo en las encuestas. El abandono de las tareas de la gobernabilidad (crecimiento, lucha contra la anemia, reconstrucción del norte y combate a la ola criminal) así parece demostrarlo, mientras se busca liderar “la lucha contra la corrupción” para conseguir apoyos circunstanciales. Como parte de esta estrategia, el presidente Vizcarra acaba de desempolvar la vieja propuesta nacionalista del “gas barato en el sur”.

El ministro del sector Energía y Minas (MEM), Francisco Ísmodes, acaba de señalar que el Ejecutivo impulsa esta política. Esta historia comenzó con la iniciativa de los gobernadores regionales de Puno, Walter Aduviri, y de Moquegua, Zenón Cuevas, quienes coordinaron directamente con el presidente boliviano, Evo Morales, la distribución de gas boliviano subsidiado en las regiones del sur. El Gobierno de Vizcarra no solo se allanó a los acuerdos realizados por las autoridades regionales, sino que además resucitó un proyecto para construir una planta de almacenaje de combustible en Ilo, que se acordó en la gestión del expresidente Humala. Según los voceros bolivianos, el proyecto de la planta y de un poliducto entre Perú y Bolivia —para transportar combustible— está en la etapa de ingeniería de detalle. ¿Este proyecto forma parte de una política energética integral del país? O para ser más sencillos, ¿forma parte de un plan mínimo?

Hasta ahora no se entiende por qué durante el humalismo se concesionó el Gasoducto del Sur Peruano (GSP) a la constructora brasileña Odebrecht —proyecto abandonado y en investigación por presuntas irregularidades y actos de corrupción— y al mismo tiempo se firmaba acuerdos binacionales con Bolivia para comercializar gas boliviano en el sur del Perú. El acuerdo de distribuir gas de Bolivia no parece ser una propuesta sólida, porque el país altiplánico no sería un proveedor constante. Según el periodista boliviano Humberto Vacaflor, las exportaciones de gas de Bolivia a Brasil y Argentina se han reducido hasta 50%.

Pero quizá aquí lo más importante es que en la administración de Humala, y ahora en la de Vizcarra, el Estado aparece sin una política energética clara. Todo se deja a la improvisación, a las salidas efectistas y de corto plazo; y por supuesto, todo depende de la popularidad. Si a estos anuncios le sumamos que el Ejecutivo también desarrolla el proyecto denominado "7 regiones" —que comprende a Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Ucayali y Junín— para distribuir gas desde Urcos en Camisea hasta estas zonas , la pregunta sobre si Estado tiene una política energética se acrecienta. Otro proyecto que se estaría considerando es el Sistema Integrado de Transporte de Gas, que reemplazará al Gasoducto del Sur Peruano, proyecto cofinanciado que seguirá el mismo trazo original del GSP. Como se ve, nadie sabe hacia dónde va la política energética.

Sobre el proyecto “7 regiones”, el especialista en hidrocarburos Enrique Gonzales afirma que la geografía por donde se proyecta construir el ducto de Urcos hacia la sierra (más al norte), es de accesibilidad complicada. No obstante, no queda claro si existe un equilibrio entre la relación costo-beneficio. La magnitud de la inversión debería servir para promover la industrialización de la sierra acompañada del abastecimiento de gas doméstico y vehicular para la población. Si no fuera así, el gas que se ofrece no será barato. Los consumidores, tarde o temprano, pagarán la construcción del ducto “7 regiones”.

De otro lado Gonzales se pregunta: “¿Cómo se puede anunciar la construcción de un nuevo gasoducto si el proyecto carece del correspondiente equilibrio costo-beneficio? Falta confirmar las reservas en Camisea, mediante inversiones en exploración y nuevos pozos, para hacer operativo el proyecto. Y para hacer nuevas exploraciones se necesita de una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) que facilite y garantice las inversiones en petróleo y gas.

Sobre la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que permitiría mayores inversiones, existen numerosas discusiones, tanto el Congreso de la República como en distintos foros especializados. Las observaciones y los más de seis textos sustitutorios postergan la aprobación de la ley. Los más suspicaces señalan que todo apunta a que la ley, durante la gestión de Vizcarra, “dormirá el sueño de los justos”. Habría otros intereses soterrados para seguir importando crudo y gas; y al mismo tiempo, construir una megaobra cuyo costo-beneficio falta explicar. Con la nueva ley, la política energética del país se aclararía.