Mineros informales y un pésimo negocio para Sunat

Plantas de beneficio deben liquidar impuestos

Víctor Shiguiyama, superintendente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se acaba de presentar a la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre la evidente caída en la recaudación tributaria. Diversos congresistas interpelaron al superintendente por la caída de la presión tributaria y el congresista Víctor Andrés Belaunde incluso enrostró a la SUNAT el porqué no se detectaron los casos de evasión tributaria alrededor de la corrupción del caso Lava Jato. En este contexto, algunos parlamentarios señalaron una verdad de Perogrullo: que la Sunat se ha convertido en enemiga de los privados, sobre todo de los informales.

Shiguiyama llegó a sostener que la presión tributaria no marchaba porque algunos sectores desaparecían cuando eran fiscalizados; y como ejemplo mencionó el caso de los mineros artesanales. La referencia es importante porque nos permite desarrollar una radiografía de la miopía del Estado con respecto al proceso de formalización y el incremento de los recursos fiscales. Algunos creen que criminalizar al informal, aprobar leyes draconianas es el camino. Tremendo error.

Hasta el 9 de octubre del 2014 no sucedía lo que comenta Shiguiyama con los mineros artesanales. ¿Por qué? Porque las plantas de beneficio de minerales compraban la producción de los mineros informales y descontaban de la misma el 18% del IGV y el 4% por renta, del monto total de la venta. El 22% de esas transacciones pasaban de manera directa al fisco nacional. En este contexto, las plantas de beneficio se habían convertido en puentes entre la formalidad y la informalidad de alrededor 400,000 mineros artesanales, de los cuales dependen más de un millón de personas en el país.

¿Qué sucedió entonces? El nacionalismo y el ministro Manuel Pulgar Vidal —que desarrollaron una política de abierta criminalización de los mineros artesanales— derogaron la modalidad de liquidación de compra de la producción informal a través de las plantas de beneficio. A partir de ese momento el minero artesanal tenía que pagar directamente sus tributos, para lo cual se veía urgido a tramitar el RUC, contratar contador y llevar libros contables. El productor artesanal entonces pasaba a estar obligado él mismo a liquidar el impuesto: 18% más el 1.5% de renta.

El resultado lo acaba de señalar Shiguiyama: el minero informal, que había puesto un pie en la formalidad, terminó alejándose completamente de la legalidad y dejó de pagar impuestos. El modelo Pulgar Vidal acrecentó la informalidad y se convirtió en un pésimo negocio tributario para el Estado. En este contexto, se multiplicaron los embargos, las cobranzas coactivas, las suspensiones de RUC y de las actividades de producción de los mineros artesanales.

¿Cómo explicar semejante retroceso? En el Perú algunos creen que la economía de mercado es solo para unos pocos. De allí que se busca excluir a los mineros informales de la actividad minera, llegando a absurdos como el que comentamos líneas arriba. Derogar la modalidad de pago de impuestos de los mineros artesanales a través de la liquidación de compra y obligarlos a asumir todos los costos legales y contables de las empresas formales es desconocer la realidad de los pequeños mineros y los esfuerzos que desarrollan para incorporarse a la legalidad.

Con estas políticas erradas no solo pierde el fisco, sino también el medio ambiente y los propios mineros artesanales. La fórmula Pulgar Vidal es, pues, una suma que produce cero.