Ley de oenegés sin reglamento es letra muerta

La Cancillería de la República hasta hoy, pese a haberse vencido todos los plazos, no reglamenta la Ley 32301, que incrementa las funciones de control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre los recursos externos que reciben las oenegés en el Perú. Una ley que aprobó el Congreso y promulgó el Ejecutivo, a pesar de una feroz e impresionante campaña del progresismo nacional e internacional para que el Congreso no legisle sobre el tema.

En el Perú una ley que no se reglamenta por el Ejecutivo –según el mandato de la Constitución– en la práctica se convierte en letra muerta o se deroga de facto porque la norma aprobada no tiene ninguna posibilidad de aplicarse. Es lo que sucede con respecto a la ley sobre las oenegés. Sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo, unos días atrás anunció que el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI ya estaba listo y que solo faltaba la aprobación final. En el mismo sentido se pronunció con respecto al Reglamento de Infracciones y Sanciones. Sin embargo, hasta hoy, como se dice, no se oye nada padre.

Vale recordar que la campaña para que el Legislativo no aprobará la mencionada norma fue intensa e, incluso, convocó a las representaciones diplomáticas de varios países desarrollado meses antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder y cerrara la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por haber priorizado el financiamiento del progresismo y los movimientos antisistema en la región.

Por otro lado, una de las cosas más sorprendentes es que, las representaciones diplomáticas europeas que se pronunciaron en contra de la ley sobre oenegés tienen legislaciones similares e, incluso, con un sistema de sanciones más severo. Entonces algunas corrientes progresistas pretendían utilizar al Perú como un laboratorio en que el libertinaje generalizado de las oenegés consolidara un sistema de gobierno basado en los principios de un globalismo ideologizado con un gran debilitamiento de la soberanía nacional.

¿Por qué planteamos semejante aproximación? Ya hemos visto qué significa el globalismo ideologizado en el asunto de los Derechos Humanos, proceso en que la actividad a favor de los DD.HH., en realidad, busca bloquear la autoridad de las fuerzas de seguridad para legitimar la violencia y la acción directa de masas, tal como sucedió en Chile con la convocatoria a un proceso constituyente artificial y también se pretendió hacer en el Perú luego del golpe fallido de Pedro Castillo. 

En Chile la violencia estudiantil contra el sistema de transporte desencadenó la constituyente y el frenazo del milagro económico. En el Perú la violencia bolivariana habría culminado en una constituyente si es que las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú (PNP) no hubiesen defendido el Estado de derecho. Hoy más de 300 miembros de las fuerzas de seguridad están judicializados –algunos con prisión preventiva– por haber defendido la Constitución. Las oenegés en este sector se han convertido en principales actores de la persecución de nuestros soldados y policías.

En el fondo lo que los activistas de las oenegés reclaman es un estatus especial; es decir, demandan convertirse en una oligarquía política sin controles institucionales y legales con el argumento gaseoso e inaceptable de una supuesta sociedad civil y el derecho a la participación ciudadana que ellos representarían. ¿Por qué una oligarquía política? Al recibir fondos del exterior para desarrollar políticas públicas se convierten en actores decisivos del proceso político, sobre todo considerando la abrumadora regulación que se desarrolla sobre los partidos políticos y las empresas privadas.

En el mundo democrático los partidos políticos siguen siendo los principales vehículos de la participación ciudadana en política y en la formación de la soberanía de la sociedad. Sin embargo, la sobrerregulación y la intervención estatal ha creado la actual crisis de representación y fragmentación política en el país. Los partidos se destruyen y las oenegés exigen un estatus especial sin ganar elecciones ni presentar programas electorales. ¡Vaya!

Las oenegés, pues, exigen libertinaje para recibir fondos del exterior. De ninguna manera. El Ejecutivo debe cumplir su responsabilidad.