La minería artesanal bajo fuego cruzado

Pretenden cerrar pequeñas plantas de beneficio

Ha trascendido que la renovación de Constancia como Pequeño Productor Minero (PPM) —a la que están obligadas las plantas de beneficio de minerales, que le compran la producción a los mineros artesanales— se encuentra paralizada en el Estado por razones incomprensibles. Si se confirmara esta situación representaría un duro golpe para la formalización minera en el Perú. ¿Por qué? Porque las pequeñas plantas que le compran la producción a los mineros artesanales son el único puente entre la formalidad y la informalidad a través de la compra del mineral. Incluso antes las mencionadas plantas se encargaban de descontar el IGV y el impuesto a la renta a los mineros informales, un procedimiento que fue derogado inexplicablemente.

¿Por qué esta tirria contra las pequeñas plantas? Puede haber diversas interpretaciones. Una podría ser que en el Perú y en el Estado hay sectores que consideran que esta industria solo debe desarrollarse con la gran minería. Semejante idea es elitista y, tarde o temprano, desatará graves problemas para la democracia y la economía de mercado. ¿Por qué no aprender de las experiencias en Chile, Colombia y Australia, por ejemplo, que lograron armonizar grande y pequeña minería?

Otra interpretación podría residir en que hay sectores en el gobierno que pretenden eliminar las pequeñas plantas locales para promover grandes inversiones extranjeras. Lo que no se entiende es cómo se condice la promoción de inversiones con la exclusión de los inversionistas actuales en las pequeñas plantas. ¿El mercado y la formalización no deberían resolver este problema sin excluir a nadie? Para el mercado no existen esas contradicciones, de ninguna manera.

La animadversión contra las pequeñas plantas no es una simple elucubración. La sexta disposición transitoria del Decreto Legislativo 1336 establece que “el titular de la concesión de beneficio, así como aquel que cuente con autorización de inicio de actividad de beneficio, no puede ser acreditado como pequeño productor minero o productor minero artesanal, según corresponda, en tanto adquiera minerales de terceras personas para su procesamiento”. En otras palabras, para ser pequeño productor tienes que extraer tu mineral y procesarlo en tu propia planta. Una verdadera locura, una exigencia que solo puede cumplir la gran minería.

En el Perú existen alrededor de cien plantas formales e informales, que sumadas procesan 2,500 toneladas por día para extraer oro; en tanto que una gran empresa minera procesa alrededor de 540,000 toneladas diariamente. La diferencia es incuestionable y demuestra la condición de pequeño productor de las plantas. Al respecto vale señalar que el artículo 91 de la Ley General de Minería establece que se considera pequeño minero al productor que procesa hasta 350 toneladas/día.

Durante el gobierno nacionalista, inexplicablemente, se promulgaron leyes que pretendían excluir a los mineros artesanales de la industria minera. Los resultados fueron terribles para el Estado —que dejó de cobrar enormes cantidades de impuestos—, para el medio ambiente —porque el retraso en la formalización anula cualquier política ambiental—, y para los propios productores artesanales, que sin legalidad no pueden seguir creciendo.

Las entidades que lideraban estas políticas de exclusión contra los mineros artesanales en el gobierno nacionalista eran el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), entidades que priorizan la fiscalización y las sanciones antes que la formalización. Ninguna política de formalización e inclusión puede prosperar si la fiscalización y la sanción se imponen sobre la formalización. Algo de eso empieza a pasar en la administración pepekausa. Siempre vale recordar que los estados de derecho no se construyen con guachimanes sino con políticas de Estado.