Graves irregularidades en el proceso electoral

Las graves irregularidades electorales que se sucedieron, sobre todo en Lima, durante el desarrollo de las elecciones generales han desatado todo tipo de denuncias, especulaciones y solicitudes de garantizar el voto de los miles de peruanos que no pudieron ejercer su derecho al sufragio.

En las elecciones sucedió algo extremadamente curioso y que llamó la atención de la ciudadanía. La Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) logró distribuir todos los materiales electorales en las provincias más alejadas del Perú, en las zonas de frontera e, incluso, en el extranjero. Sin embargo, se presentó una falla garrafal en la distribución de estos materiales en diversos distritos de Lima. A tal extremo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la 1 pm del domingo, informó que alrededor del 30% de mesas no se habían instalado. En ese sentido el pleno del JNE acordó extender el plazo de votación hasta las 6 pm (una hora más) y prorrogó la instalación de las mesas hasta las 2 pm.

En ese escenario, vale preguntarse, ¿cuántos peruanos que formaron colas desde las siete de la mañana dejaron de votar y pasaron a engrosar las filas del ausentismo? Considerando que Lima es, principalmente, la plaza electoral de la centro derecha, ¿de qué manera este ausentismo afecta la composición de las dos cámaras legislativas? Y considerando que uno de los candidatos de la derecha, según todas las encuestas publicadas antes de la prohibición de publicar estos estudios, peleaba a codo a codo su ingreso a la segunda vuelta electoral, ¿acaso el ausentismo provocado por la demora en instalar las mesas no definirá el resultado?

Las irregularidades desarrolladas durante el proceso electoral son de extrema gravedad y deberían motivar todo tipo de investigaciones, pronunciamientos y considerar la posibilidad de reeditar las votaciones en las mesas instaladas luego de la 1 pm, sobre todo considerando que el cómputo por el segundo lugar de la segunda vuelta y la composición de las cámaras, inevitablemente, se prolongará.

Por su lado, la ONPE, en declaraciones oficiales, estableció que no se habían distribuido los materiales electorales en 15 locales y no se instalaron 211 mesas, situación que impidió que 63,300 peruanos ejercieran su derecho al sufragio. (El JNE amplió la votación hasta el 13 de abril en las mesas que no se instalaron). En la ONPE se atribuyó la responsabilidad de la falta de distribución de los materiales electorales a la empresa de Servicios Generales Galaga, mientras que el JNE anunciaba que iba a plantear las denuncias administrativas y penales correspondientes. Por otro lado, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron al local central de la ONPE y al de la empresa Galaga para indagar sobre las causas de los retrasos en la distribución del material electoral, que han terminado afectando el derecho al sufragio de miles de peruanos.

De alguna manera una fiesta democrática que confirmaba que, no obstante la crisis perpetua del sistema político, el sistema institucional seguía en pie, amenazaba con ensombrecerse por las irregularidades electorales evidentes. Y si a estos hechos le agregamos que los militares y policías, en su gran mayoría, no pudieron sufragar por las demoras y extensiones de la hora de votación tenemos un cóctel perfecto que se prestará a todo tipo de especulaciones.

En cualquier caso, los peruanos de buena voluntad y las instituciones correspondientes deben evitar a cualquier costo que semejante estado de cosas se repita en la segunda vuelta. De ninguna manera debe suceder algo parecido. De ninguna manera.