La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Sobre el papel de la mayoría legislativa
La polarización fujimorismo versus antifujimorismo que amenaza a la República desde hace más quince años ha producido un absurdo constitucional: un gobierno frágil de la tercera bancada parlamentaria y una mayoría legislativa absoluta del fujimorismo. Semejante absurdo —que seguramente nunca fue pensado por un teórico constitucional— obliga a la mayoría legislativa a desarrollar una dialéctica entre la gobernabilidad y la oposición. Si hay obstruccionismo el fujimorismo se hará corresponsable de los fracasos. No hay duda. Pero, para aterrizar, ¿qué puede significar una dialéctica entre gobernabilidad y oposición?
Tomemos en cuenta el plan económico de la administración PPK. Todos los especialistas sostienen que la propuesta de rebajar un punto el IGV es una apuesta temeraria, sobre todo considerando que el déficit fiscal del 2015 sobrepasó el 2% del PBI. Se calcula que la rebaja de un punto del IGV generaría tres millones de soles menos de recaudación. Y si el déficit sigue aumentando, la pérdida del grado de inversión de Perú está a la vuelta de la esquina.
Sin embargo el ministro de Economía —Alfredo Thorne— y el propio PKK señalan que la medida es necesaria para formalizar la economía y la consiguiente ampliación de la base tributaria. En este escenario, ¿qué debería hacer el fujimorismo? El movimiento naranja se opone abiertamente a la medida y, en ese sentido, debería hacer retumbar el Congreso presentando sus argumentos en contra de este criterio de la administración pepekausista. Es decir, debería dejar en claro quién será el responsable directo de cualquier derrumbe de la recaudación. Pero luego de aclarar las cosas frente al país, el fujimorismo no debería oponerse a ninguna solicitud del Ejecutivo, incluyendo la delegación de facultades para el tema económico.
De esta manera el movimiento naranja estaría construyendo una dialéctica entre gobernabilidad y oposición en la que estaría en inmejorables posiciones de cosechar. Si el gobierno fracasa con la recaudación, el movimiento naranja habrá salvado su responsabilidad y tendrá carta blanca para seguir haciendo oposición leal. Y si la administración logra incrementar la recaudación y avanzar en la formalización, todos reconocerán el papel no obstruccionista del movimiento naranja.
De alguna manera el mismo criterio debería aplicarse para decidir qué grupo político debería, por ejemplo, presidir la comisión de presupuesto. En otras palabras, el fujimorismo está obligado a desarrollar una política extremadamente sofisticada para sortear las trampas del absurdo constitucional con el que iniciamos el cuarto gobierno democrático sin interrupciones. Y si el fujimorismo deja gobernar a la administración pepekausista estará en condiciones de desarrollar una agenda de reformas constitucionales y legales que construyan el segundo piso constitucional de la República: bicameralidad, sistema electoral, descentralización, entre otros.
Una de las claves de la dialéctica entre gobernabilidad y oposición es que también le permitirá al fujimorismo desarrollar una oposición frontal allí donde exista la necesidad de hacerlo, según el programa y las orientaciones del movimiento naranja. Por ejemplo, la ofensiva mediática del ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha logrado un respaldo mayoritario para la reforma estatista que se impulsa en el sector. Si la mayoría legislativa investiga y recaba información sobre la reforma del Minedu, tarde o temprano, llegará a la conclusión que la izquierda –pese a su marginalidad electoral— pretende imponer un modelo educativo en base a sus relatos y como parte de una estrategia de poder bien delineada.
En todo caso, la dialéctica entre gobernabilidad y oposición no solo le conviene al fujimorismo, sino a la propia democracia.
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