Elecciones ensombrecidas por irregularidades acumuladas

A estas alturas, en que en la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se desarrolla un cómputo agónico para definir qué candidato acompañará a Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, no es exagerado sostener que las elecciones nacionales han sido ensombrecidas por las irregularidades electorales acumuladas en las elecciones del domingo pasado. Si consideramos que la disputa entre Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Jorge Nieto se definirá por unas decenas de miles de votos, los retrasos en la instalación de alrededor del 30% de mesas de Lima –que incrementará el ausentismo electoral– se convertirán en un factor decisivo en el resultado electoral.

Si tomamos en cuenta que, a la 1 pm del domingo pasado, según el propio JNE, no se habían instalado cerca del 30% de las mesas de Lima, es decir el 30% de un tercio del electorado nacional. Y, si igualmente, consideramos que la plaza de Lima es un espacio mayoritario de las derechas, particularmente de Renovación Popular que alcanza una holgada primera votación, entonces es evidente que el principal afectado de este retraso es el propio López Aliaga, que disputa codo a codo su ingreso a la segunda ronda. 

Los retrasos en el 30% de las mesas de Lima tendrán incidencia en las decisiones electorales de estos comicios, no obstante que el JNE amplió la instalación de las mesas hasta las 2 pm y prolongó la votación hasta las 6 pm. El ausentismo provocado por esta irregularidad, pues, podría inclinar la balanza a favor de un candidato sin votación en Lima y con enormes bolsones de adhesiones en el sur. De la misma manera los mencionados retrasos también podrían tener influencias en la conformación de las mayorías legislativas de las cámaras.

La gravedad de las ineficiencias e irregularidades acumuladas por la ONPE simplemente han herido de gravedad a la democracia peruana y ponen en entredicho la confianza en el sistema electoral. En este contexto, el Ministerio Público y la policía nacional del Perú procedieron a detener a José Samané, gerente de Gestión Electoral, en condición de flagrancia por su directa responsabilidad en la falta de suministros de los materiales electorales. Al respecto vale preguntarse sobre las consecuencias que sobrevendrán luego de que se anuncie el postulante que disputará la segunda vuelta electoral con Keiko Fujimori. Cualquiera sea la reacción de López Aliaga, Sánchez y Nieto, es incuestionable que los comicios se han ensombrecido con todas estas incidencias.

El domingo pasado una serie de hechos se acumularon para alentar el ausentismo en Lima, sobre todo en los distritos de clases medias. Todos los votantes se percataron de que sus lugares de votación habían sido cambiados a lugares a los que tomaba viajar entre una hora y una hora y media sin saber las razones de esos cambios irracionales. Imagínese la situación de los adultos mayores que suelen votar con civismo ante la necesidad de movilizarse por una hora para sufragar no obstante que antes lo hacían a la vuelta de la casa, lugares a los que iban caminando. ¿Puede haber una explicación sobre cómo se organizaron los lugares de votación? En este contexto se produjeron los retrasos mencionados en el 30% de las mesas de votación en Lima.

Y sumados a estos hechos, hubo computadoras que no funcionaban y sistemas informáticos que colapsaban. Todo asemejaba a una suma de ineficiencias que desalentaba a sufragar en la capital y ponían en peligro el proceso electoral.

Por todas estas consideraciones no es extraño que el propio JNE haya presentado denuncias penales en contra de Piero Corvetto, jefe de la ONPE, y otros funcionarios de la mencionada entidad electoral. En cualquier caso, las indagaciones pueden abrir una caja de Pandora que agravarían los cuestionamientos al sistema electoral.