El asesinato del alcalde de La Mar y el terror

Luego del asesinato del alcalde la Municipalidad de La Mar, Wilder Manyavilca Silva, y su esposa, Dunia Bustios Quispe, el alcalde Ayna en Ayacucho, Javier Contreras de la Cruz, sostuvo que “el sicariato se está desbordando en estas localidades que están lejos de Lima”. Las primeras investigaciones de la policía (PNP) no logran todavía establecer los móviles del crimen. No obstante, todo hace presumir que el narcotráfico tiene mucho que ver con la tragedia. 

Al respecto, en diversas oportunidades se ha señalado que el 95% de los bosques deforestados se destinan a los cultivos de hoja de coca y abastecen de materia prima al negocio ilegal de la droga. El avance del narcotráfico es dramático. Según el Ministerio de Ambiente (Minam), en 2020 fueron deforestadas 203,272 hectáreas, y el acumulado entre el 2001 y 2020 alcanza los 2.63 millones de hectáreas. Una grave consecuencia de la deforestación, según la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, de la Casa Blanca), es el aumento de la producción de hoja de coca, que se ha incrementado de 649 toneladas métricas a 810 toneladas métricas entre el 2019 y 2020.

En este contexto de crecimiento de las extensiones de cultivo de la hoja de coca, el presidente Castillo no tiene una política antidrogas. El jefe de Estado ha hablado de “industrializar la hoja de coca”, una propuesta que suelen repetir los presidentes o funcionarios que mantienen políticas permisivas con el aumento de los cultivos de hoja de coca. 

Igualmente, el presidente Castillo acaba de nombrar a Ricardo Soberón como presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), en reemplazo de Fidel Pintado. Para todos es conocida la posición contraria de Soberón a la erradicación de cultivos de hoja de coca. 

Entretanto el Perú en el 2020 superaba las 88,000 hectáreas sembradas de hoja de coca y se acercaba a las 100,000 ha, y todos comenzaban a recordar los momentos en que nuestro país, en la década de los ochenta, se había convertido en principal productor de hoja de coca. Vale anotar que cuando nuestro país fue el primer productor de la hoja de este arbusto se desató el fenómeno terrorista de los ochenta. De alguna manera, pues, hay una relación directa entre el aumento de sembríos de hoja de coca y el terror.

Entre el 2010 y 2021 se han gastado S/ 1,870 millones en programas que no han servido para detener la pérdida de bosques de la Amazonía. El 40% de ese presupuesto ha sido orientado al gasto corriente, sueldos, arrendamientos de locales, mobiliario y otros.

Detener la deforestación de los bosques debería ser un objetivo nacional para evitar la proliferación de nuevos cultivos de hoja de coca. La única manera de lograr este objetivo pasa por recuperar la autoridad del Estado democrático y convocar a los capitales privados a conducir concesiones forestales de bosques en las áreas deforestadas. Para avanzar en ese camino se necesita un Ejecutivo que respete la Constitución y las leyes nacionales. Es decir, que inspire confianza.

Uno de los grandes problemas del avance de los cultivos de hoja de coca es que, inevitablemente, crea zonas liberadas de la autoridad estatal. En los valles cocaleros del Perú no rige la Constitución, y las leyes y las instituciones del Estado no ejercen sus funciones. En ese escenario surge un orden controlado por la criminalidad que suele avanzar imponiendo el terror a través del asesinato.