Las instituciones y el faccionalismo en el Perú

Una de las causas principales del fracaso del modelo republicano en el Perú siempre ha sido el impulso revolucionario que nació con la Independencia y, en nombre de ideales abstractos, pretendió refundar el país una y otra vez, a través de caudillos y facciones que reclamaban representar al pueblo y al poder constituyente. La nueva república, recién medio siglo después, pudo elegir a su primer presidente civil –es decir, a Manuel Pardo del Partido Civil– luego de cinco décadas de cuartelazos y golpes militares en nombre de la Constitución y la representación popular.

Una de las características de la anarquía del siglo XIX es que no se construyeron instituciones luego de destruirse la red institucional del virreinato de tres siglos. Hoy el Perú, no obstante considerarse una economía de ingreso medio, aparece amenazado por la anarquía institucional y política, la lucha de facciones y el impulso revolucionario que se considera capaz de derribar las instituciones existentes y reconstruirlas sobre el control de una determinada facción.

La crisis del Ministerio Público y las disputas de facciones no solo ha desvelado la crisis de esta entidad, sino de todo el sistema republicano, de todo el Estado de derecho. Por ejemplo, si un sector del país respalda las decisiones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuando esta entidad destituye a una ex Fiscal de la Nación y a otros fiscales supremos, pero se resiste e inicia una guerra política cuando la misma entidad asume decisiones en contra de su facción, entonces ya no hay institución ni Estado de derecho. Algo de eso está sucediendo con la guerra en el Ministerio Público.

El país está en una anarquía institucional en desarrollo, en la que diversas instituciones y sectores políticos consideran que pueden interpretar la Constitución, las leyes y las normas según los intereses de sus facciones. ¿Por qué se presenta esta situación? Porque el principio de autoridad en la democracia ha sido quebrado de gravedad, una situación que no solo alienta el desborde de la criminalidad, sino que explica la anarquía institucional. Si desde el 2016 se han sucedido seis jefes de Estado, no obstante que solo debía haber dos, entonces la primera magistratura de la República, la que concentra mayor poder, ha sido destruida. Y algunos todavía pretenden arrasar los restos de esta institución promoviendo una nueva vacancia.

Cuando una junta de fiscales supremos se enfrenta a la JNJ, entidad que apoyaron cuando las decisiones favorecían el control de una facción, es evidente que todo ha llegado a un límite. Se necesita que instituciones como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema del Poder Judicial restablezcan la vigencia de la Constitución dentro de los marcos del Estado de derecho. De lo contrario, el fin de la anarquía podría provenir desde actores al margen de la institucionalidad, como suele suceder en las sociedades con grave enfermedad.

En cualquier caso, también es necesario confirmar el fracaso de la política, de los partidos políticos y los proyectos intelectuales en la construcción del sistema republicano. En las últimas dos décadas se solía señalar que la economía y la política se desarrollaban por cuerdas separadas y que el fracaso de los partidos y los políticos no afectaba el milagro económico peruano. Luego de la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo la economía fue afectada de gravedad y comenzó una lentificación económica que ya no reduce pobreza y alienta el antisistema.

Hoy ese mismo fracaso de la política ha hecho volar por los aires la institucionalidad, y las instituciones del Estado de derecho se toman tiempos excesivos para restablecer la constitucionalidad, tal como sucedió con el golpe de Martín Vizcarra y el cierre inconstitucional del Congreso, con la leyenda imposible “de la denegación fáctica de confianza”.