Territorio, minería y radicalismo antiminero

Falsedades sobre las concesiones mineras en el Perú

Con el objetivo de liquidar a la minería moderna y conducirnos hacia el desastre del estatismo, el movimiento antiminero de viejo cuño izquierdista ha inventado narrativas falsas pero poderosas. Por ejemplo, uno de estos falaces inventos es que la minería moderna utiliza entre el 60% y el 80% del agua. Sin embargo, es sabido que la minería solo utiliza el 2% del agua en el Perú, en tanto que la agricultura utiliza hasta el 55%. Otra de las falsas narrativas es que casi “todo el territorio peruano se encuentra concesionado a los grandes grupos económicos”. Incluso algunos medios de comunicación y periodistas, por ingenuidad o por apasionamiento ideológico, difunden tales mentiraS.

En el Perú solo el 14.9% del territorio está concesionado al sector minero; es decir, 19 millones de hectáreas. Sin embargo solo entre el 5% y 6% de estas concesiones se utiliza para la explotación minera. No es —como se afirma desde el movimiento antiminero— que gran parte del territorio peruano esté en mano de las empresas mineras o que se utilice ese 14.9%. Ahora bien, se debe hacer también una importante observación: una concesión minera “otorga a su titular un derecho real consistente en explorar, desarrollar y explotar la concesión, y consiguientemente en extraer las sustancias mineras contenidas en ella”.

¿Qué quiere decir aquello? Primero, que la entrega de una concesión minera no implica que necesariamente se va a desarrollar un proyecto minero, porque depende de la calidad y cantidad del mineral. Segundo, que si el titular de una concesión minera no logra desarrollar un proyecto puede abandonar la concesión y el Ministerio de Energía y Minas —el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet)— la puede declarar en abandono. Tercero, si el titular de una concesión minera quiere desarrollar un proyecto minero tiene que cumplir los requisitos de factibilidad ambiental y social (lo que incluye la consulta previa a los pueblos originarios).

Al contrario de la extendida narrativa antiminera, las concesiones mineras en el país se han reducido. En el 2014, aproximadamente el 20% de territorio peruano estaba bajo concesión minera. De este 20% concesionado solo se explotaba el 7%. ¿De dónde saca el movimiento antiminero que gran parte del territorio se encuentra bajo concesión y explotación minera? Lo que sucede es que, como repetimos, el radicalismo antiminero ha sabido crear una narrativa poderosa pero falsa.

A pesar de todas las trabas impuestas por este radicalismo, sobre todo los conflictos sociales, el Perú aún es atractivo para las inversiones mineras. Según el instituto canadiense Fraser, el Perú se ubica en el primer lugar para las inversiones mineras, por encima de Chile. Sin embargo, en el Índice de Percepción Política del referido informe, el liderazgo lo obtiene Chile. En enero pasado, la Defensoría del Pueblo registró 214 conflictos sociales, la mayoría de ellos en el sur andino, zona donde se ubica el Corredor Minero del Sur.

El Perú no está concesionado a la gran minería. Tampoco la minería moderna consume el 80% del agua. Todas esas son narrativas poderosas que el movimiento antiminero inventó para derrotar al crecimiento económico.