Función política versus carrera pública

De un tiempo a esta parte, observamos en diversas entidades del Estado que, cuando asume una nueva autoridad máxima, inmediatamente realiza cambios: destituye a funcionarios de nivel directivo o les solicita su renuncia, para luego reemplazarlos con otros bajo el pretexto —a veces real motivación— de que los anteriores no son de su confianza, mientras que los nuevos sí.

En los ministerios, por ejemplo, es frecuente que el nuevo ministro, con la anuencia presidencial y mediante Resolución Suprema, designe a sus viceministros, lo cual es absolutamente legítimo. Sin embargo, lo mismo ocurre con directores generales y directores de línea, lo que, a nuestro juicio, no resulta adecuado, pues afecta a un servicio civil que debe ser competente, conocedor del sector y con una labor eficiente.

Es fundamental distinguir entre los funcionarios políticos —como los viceministros o asesores— y los funcionarios de carrera. Estos últimos, aunque no tengan asegurada la permanencia indefinida en sus cargos, sí deberían gozar al menos de un mínimo de estabilidad. Para fortalecer la eficiencia del servicio civil, es necesario que sus miembros trabajen con tranquilidad y que solo sean reemplazados por causas expresamente previstas en la ley, no por decisiones arbitrarias del nuevo titular del pliego.

Algunos jefes de reparticiones estatales justifican estas prácticas en los sistemas de ascenso y pase al retiro que existen en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional del Perú. Pero olvidan que la naturaleza del trabajo militar y policial es sui géneris.

En el ámbito castrense y policial, existen reglas claras para los ascensos y para la designación de comandantes generales, nombrados por la Presidencia de la República —como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía— entre los oficiales más antiguos y de mayor graduación. Este procedimiento responde a razones institucionales y no a caprichos personales, como sucedió cuando el expresidente Francisco Sagasti dispuso el pase al retiro de dieciocho generales de la Policía, decisión ampliamente cuestionada por contravenir la ley. Además, es lógico que en la carrera militar y policial no todos lleguen a la cúspide: si ingresan trescientos alféreces, no pueden terminar los trescientos como generales de división. De allí que exista un proceso gradual de selección, algo que sería impropio en el servicio civil.

En este último también hay reglas destinadas a garantizar la existencia de altos funcionarios competentes y eficientes. No obstante, cuando los titulares de cada repartición desconocen esas normas y cesan a directores y directores generales por motivos personales —para reemplazarlos por allegados o amigos—, se atenta contra la estabilidad que deben tener esos cargos, los cuales solo deberían ser removidos por las causales previstas en la legislación del servicio civil.

Tanto los congresistas como los ministros de Estado designados por el presidente de la República tienen la obligación de cumplir con su deber sin esperar aplausos. El verdadero reconocimiento está en la satisfacción de haber actuado correctamente y en el beneficio del país.

Hace poco, en relación con los altos funcionarios de carácter político, llegó a mis manos un texto cuyo autor desconozco, pero con el cual coincido plenamente: “Felicitar a un político por hacer su tarea con el dinero del pueblo es como aplaudir al cajero automático por darte plata”. ¡Sin comentarios!