El desarrollo y la libertad tienen su modelo

Desde la independencia y la fundación republicana el Perú parece estar en un permanente proceso de refundación, en el que cada líder, cada caudillo, se ha sentido el fundador de una nueva época. El hecho de haber tenido 12 constituciones y una perpetua inestabilidad política en el siglo XIX revelan que, luego del virreinato, se instaló un desierto institucional y un vacío de poder en la próspera sociedad del pasado. Luego de la independencia tuvo que pasar más de medio siglo para elegir al primer gobierno civil.

En la economía sucedió algo parecido. La independencia destruyó la economía virreinal y excluyó al mundo andino. En el siglo XX, luego de varias décadas de ensayo y error, el país desarrolló una economía de latifundios de alta productividad y desarrollo tecnológico, sin embargo, el velascato volvió con la propuesta de refundar el Perú, expropió y estatizó todo y el PBI se derrumbó en más de 30% y el 60% de la población se empobreció. El Perú fue el primer antecedente de la tragedia chavista en Venezuela.

Desde las reformas económicas de los noventa, sin embargo, se han sucedido más de tres décadas y, para bien o para mal, las columnas y vigas maestras del modelo económico se mantienen: fin del Estado empresario y papel subsidiario del Estado frente al sector privado, desregulación de precios y mercados, libre comercio y fin del proteccionismo y respeto irrestricto a la propiedad privada y los contratos.

En otras palabras, con avances y retrocesos, el modelo económico de las últimas tres décadas –que se incorporó en el régimen económico de la Constitución de 1993– reconoce que el sector privado y los mercados son las fuentes principales de creación de riqueza y que el Estado cumple un papel subsidiario. El principio del papel rector del sector privado en la economía ha estado vigente, con evidentes procesos de involución (como la caída de la inversión privada y el aumento de pobreza de 20% a 27% luego de Pedro Castillo). 

Sin embargo, al margen de cualquier crítica o yerro, la preponderancia del sector privado en la economía ha organizado el momento de mayor inclusión económica y social de toda nuestra historia republicana. ¿A qué nos referimos? Desde la independencia siempre los estudios económicos y proyecciones han calculado que, en términos generales, el 80% de la población ha estado excluida de los derechos al voto y a los sistemas de propiedad. En el Perú de hoy, al margen de la formalidad e informalidad, la pobreza se ubica debajo del 30% de la población y los derechos políticos se extienden a todos los peruanos.

Si se hubiesen desarrollado y profundizado las reformas de la economía de mercado, el PBI se habría expandido en mayores proporciones, la inversión privada se habría multiplicado y la pobreza estaría en sus mínimos; tal como, por ejemplo, sucede en Ica, región agroexportadora en donde la pobreza apenas llega al 6% de la población.

La continuidad del modelo económico, pues, es la explicación de la viabilidad que todavía tiene el país, sobre todo considerando el fracaso de la política y de los políticos en la organización de un Estado funcional a la economía de mercado y los círculos virtuosos que crea el sector privado. 

Por todas estas consideraciones es absolutamente evidente que los peruanos no tenemos otra alternativa que seguir manteniendo el modelo que le otorga un papel rector en la economía al sector privado desde tres décadas atrás. De allí que las elecciones del 2026 tengan una importancia capital. Los peruanos estamos obligados a elegir a un jefe de Estado con sentido común y a un Congreso con representantes responsables que mantengan y profundicen el modelo.