¿A quién corresponde la reforma del sistema judicial?

Las voces que claman por una reforma del sistema de justicia y del Ministerio Público que debe partir del interior del Poder Judicial y la fiscalía. Las propuestas deben ser canalizadas al Congreso, que tiene la responsabilidad de debatirlas, adoptarlas y someterlas al procedimiento correspondiente de reforma legal o constitucional.

Toda reforma debe partir de un diagnóstico honesto y técnicamente fundado. El elevado número de jueces provisionales compromete seriamente la independencia judicial. El órgano encargado de su nombramiento y ratificación, lejos de garantizar estabilidad, opera en la práctica como un mecanismo de control indirecto a sus futuras decisiones. Como todo poder estatal debe ejercer sus atribuciones dentro de los límites constitucionales, esta sujeción forma parte esencial de su autonomía institucional.

La libertad de expresión cumple un papel crucial para la fiscalización externa del ejercicio del poder. Si bien cada órgano estatal dispone de mecanismos de control internos, el sistema de justicia ocupa un lugar discreto —pero decisivo— en la arquitectura del gobierno, especialmente cuando se activa la acción penal por el Ministerio Público.

En los casos que involucran a altos funcionarios, el diseño constitucional establece filtros institucionales para evitar que la persecución penal se utilice con fines políticos. El proceso de acusación ante el Congreso, previo a la interposición de una denuncia penal, busca preservar el equilibrio entre la responsabilidad política y la legal, evitando que el sistema judicial se convierta en un instrumento de represalia.

La reforma más eficaz del sistema de justicia se logrará a través del fortalecimiento de su independencia funcional y de la inamovilidad de sus miembros, siempre que estos actúen conforme con los principios y normas que rigen sus propios mecanismos de control. La formación, capacitación, nombramiento y ascenso de los operadores judiciales debe estar bajo responsabilidad del sistema judicial, como parte de una estrategia orientada a consolidar sus cuadros profesionales. Esta es una tarea continua, cuyos frutos se evidenciarán con el tiempo.

La Comisión parlamentaria de Reforma Constitucional y Reglamento debería encomendar al Poder Judicial y Ministerio Público la elaboración de un proyecto de reforma legal y constitucional. Esta iniciativa permitiría que jueces y fiscales asuman el protagonismo del debate, presentando propuestas que puedan ser estudiadas, argumentadas y defendidas desde la experiencia y el conocimiento técnico que solo ellos poseen. De este modo, se fortalecería la institucionalidad democrática, respetando la autonomía de los poderes y promoviendo una reforma genuina, sostenible y jurídicamente legítima.