Reinfo: una puerta abierta para la minería ilegal

El Ministerio de Energía y Minas estaría a punto de cometer un error de graves consecuencias. Su postura favorable a una posible ampliación del Reinfo no solo prolongaría un mecanismo que ha demostrado escasos resultados, sino que comprometería a la minería formal, una actividad central para la economía peruana. Con el cobre por encima de US$ 6 por libra y el oro a más de US$ 4,000 por onza, el sector atraviesa un escenario excepcional de demanda y rentabilidad. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones y representaron el 67.5% del valor exportado por el país. La actividad equivale aproximadamente al 9% del PBI y genera cerca de dos millones de empleos directos e indirectos, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Todo este aporte económico se pone en riesgo cuando el Estado permite que la informalidad se prolongue indefinidamente. El Reinfo, concebido originalmente como un mecanismo provisional de formalización, terminó convirtiéndose en un registro prácticamente permanente y creó una peligrosa zona gris entre la informalidad y la ilegalidad. La inscripción en este registro  puede convertirse en un escudo frente a la acción de la justicia, permitiendo que quienes desarrollan actividades ilícitas continúen operando, invadan concesiones formales, contaminen ecosistemas y, eventualmente, alimenten redes criminales.

La evidencia demuestra que el mecanismo no ha cumplido su propósito original: incorporar al pequeño minero artesanal a la legalidad. De acuerdo con información del Banco Central de Reserva (BCR), al 20 de abril de 2026 existían 31,610 inscritos en el Reinfo, pero apenas 2,295 habían culminado su formalización entre 2014 y 2025. La propia institución ha advertido que las reiteradas prórrogas incentivan la prolongación indefinida de la informalidad.

Los hechos posteriores confirman el problema. En 2025, el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, excluyó 50,565 inscripciones que no registraban actividad minera durante más de un año y que, según sus declaraciones, mantenían privilegios que probablemente estaban siendo utilizados para fines indebidos. En Pataz, además, se revocaron 1,425 inscripciones para impedir que fueran utilizadas como camuflaje de actividades ilícitas.

La situación resulta todavía más grave cuando existen inscritos que continúan operando pese a enfrentar investigaciones por minería ilegal. En Madre de Dios, 44 personas inscritas en el registro mantienen investigaciones fiscales abiertas por este delito. Entre ellas existen imputados desde 2022 que todavía conservan hasta ocho inscripciones vigentes en la región. Un patrón similar aparece en Pataz, donde la Fiscalía de Lavado de Activos de La Libertad investiga a tres mineros informales inscritos en el Reinfo.

No resulta, por ello, sorprendente la advertencia de César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal, respecto de que algunos de  estos registros están siendo utilizados para introducir y comercializar oro de origen ilegal dentro del circuito formal. La preocupación adquiere mayor dimensión en zonas como Pataz y el corredor minero del sur, donde organizaciones dedicadas a la minería ilegal asaltan e invaden concesiones formales y pueden ampararse en este sistema para aparentar una actividad regular.

También el Tribunal Constitucional ha advertido sobre las consecuencias de mantener un esquema de formalización que no produce resultados suficientes. En su análisis sobre la prórroga del proceso de formalización minera, señaló que los escasos avances generan menores ingresos fiscales, intensifican los impactos negativos sobre el ambiente y la salud, afectan la gobernanza y amplían la influencia de la minería ilegal. Asimismo, sostuvo que, dentro de un proceso de formalización, el Estado no puede prescindir de la persecución penal de la minería ilegal.

La conclusión, entonces, debería ser inequívoca: no existe justificación para una sexta ampliación del Reinfo. Cada nueva prórroga de un mecanismo que no consigue formalizar a sus inscritos prolonga las condiciones que permiten que la ilegalidad conviva con la minería formal.

La prioridad debe ser otra: culminar los procesos que realmente sean viables, excluir a quienes no cumplen los requisitos, perseguir efectivamente a quienes desarrollan minería ilegal y establecer un régimen moderno y claro para la pequeña minería y la minería.

Si el Estado vuelve a ampliar el Reinfo sin corregir sus fallas estructurales, terminará premiando a quienes no quieren formalizarse y castigando precisamente a las empresas y trabajadores que cumplen las reglas. En pleno superciclo de los minerales, el Perú no puede darse el lujo de debilitar a la minería moderna para mantener abierto un mecanismo que, después de más de una década, todavía no ha conseguido cumplir su principal objetivo.