Perú rompe con Irán: decisión con varias lecturas

El 1 de setiembre de 2026 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció la ruptura formal de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. Nota canalizada, por ausencia de embajada iraní en Lima, a través de la representación de Teherán en Ecuador, invocando el artículo 45 de la Convención de Viena de 1961. Las relaciones consulares se mantienen, sin afectar la protección de nacionales de ambos países. Es la primera decisión de política exterior de gran visibilidad del nuevo Gobierno de Keiko Fujimori y su canciller, Carlos Espá.

El comunicado oficial ofrece cuatro argumentos. Denuncia represión de manifestaciones pacíficas, restricciones a la libertad de prensa, discriminación contra mujeres y niñas, y persecución de opositores políticos en Irán, documentado por Naciones Unidas. Señala restricciones impuestas por Teherán al tránsito por el estrecho de Ormuz desde marzo de 2026 que Perú considera una violación a la libertad de navegación, afectando los precios globales de energía. Cuestiona la obstrucción iraní a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica para verificar su programa nuclear. Rechaza la incitación iraní a la violencia y escalada del conflicto en Medio Oriente. Las denuncias son reales, el punto es por qué el Perú actúa sobre ellos ahora.

Irán, república islámica híbrida nacida de la revolución de 1979, tiene un presidente, congreso y gobierno electo que convive con una estructura clerical no electa. La última palabra la tiene el Guía Supremo, el ayatolá, que controla las fuerzas armadas, poder judicial y política exterior. Sobre los ejércitos regulares se superpone la Guardia Revolucionaria Islámica, que responde directamente al ayatolá, con la Fuerza Quds como brazo externo que financia y coordina aliados no estatales.

El "Eje de la Resistencia" incluye a Hezbolá en Líbano, milicias chiitas en Irak y a los hutíes en Yemen. Este eje ha sido golpeado por la guerra contra Israel y Estados Unidos debilitándolos. Sobre esta base fáctica se enfrentan dos narrativas: la occidental, que define a Irán como Estado revisionista y patrocinador de inestabilidad; frente a sectores de la izquierda latinoamericana, considerándolo aliado dispuesto a desafiar la hegemonía estadounidense.

El caso revela tensiones que el comunicado no menciona. La comparación con Ucrania: frente a la invasión rusa, una agresión interestatal inequívoca, el Perú la condenó en la ONU sin romper relaciones con Moscú. Con Teherán fue directo a la ruptura total. La asimetría es difícil de explicar solo con la “aplicación consistente del derecho internacional". Pesa el perfil del canciller Espá, director de comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Lima por quince años, quien anunció que el Perú "profundizará" su relación con Washington.

Pesa el bajo costo de la medida: el comercio entre ambos países es marginal, convirtiendo la ruptura en una señal política de costo cero. La decisión se aparta de la doctrina clásica de la Cancillería peruana –no intervención, solución pacífica de controversias, primacía del multilateralismo–, que sugiere condena por canales colectivos antes que un instrumento severo.

Pero no es un caso reducible al simple alineamiento con Washington. Bolivia ya canceló un acuerdo militar con Irán bajo su nuevo Gobierno y el Perú tiene un historial de dureza diplomática frente a regímenes autoritarios, como Venezuela y Nicaragua. La ruptura con Irán es la continuidad de una tendencia peruana y parte del reacomodo regional más amplio, ocurrido en un momento en que la geopolítica global se está realineando.