El cobre puede cambiar el destino económico de Cajamarca

El mundo necesitará cada vez más cobre y el Perú posee las condiciones para aprovechar esa oportunidad. El metal ya representa cerca del 30% de nuestras exportaciones y su importancia seguirá aumentando conforme avance la electrificación de las economías, la expansión de las energías renovables y la construcción de nuevas redes eléctricas. Sin embargo, mientras otros países compiten por captar inversiones mineras, el Perú mantiene buena parte de sus reservas sin desarrollar.

Cajamarca constituye uno de los ejemplos más evidentes de esta contradicción. La región posee una extraordinaria riqueza geológica y alberga proyectos como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay. En conjunto, esta cartera supera los US$ 16,000 millones. Se trata de recursos capaces de modificar sustancialmente la economía regional y fortalecer la posición del Perú entre los grandes productores mundiales de cobre.

Pero ese potencial permanece, en buena medida, bajo tierra. La paralización de Conga en 2011 fue un punto de quiebre para Cajamarca y para la inversión minera en el país. Desde entonces, la incertidumbre política, la falta de continuidad en las políticas públicas y una deficiente gestión de los conflictos sociales han contribuido a mantener detenidos proyectos que podrían haber generado inversión, empleo, infraestructura y mayores ingresos fiscales.

Las consecuencias de esta postergación no son abstractas. El corredor cuprífero cajamarquino podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año, equivalentes aproximadamente al 60% de la producción nacional actual. Es decir, no estamos ante proyectos marginales, sino ante una oportunidad capaz de modificar la escala de la minería peruana.

En este escenario, Michiquillay puede desempeñar un papel decisivo. Adjudicado a Southern Perú, el proyecto contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre anuales. Su puesta en operación permitiría incrementar en casi 10% la producción nacional del metal.

Pero su verdadera importancia no debería medirse únicamente en toneladas de cobre ni en dólares de inversión. Michiquillay puede convertirse en una prueba concreta de que Cajamarca es capaz de recuperar una dinámica de crecimiento basada en grandes proyectos productivos.

Y esto resulta especialmente importante por la situación social de la región. Los últimos datos del INEI muestran que, aunque la pobreza disminuyó en el Perú durante 2025, todavía afecta al 25.7% de la población nacional. Cajamarca continúa entre las regiones con mayores niveles de pobreza y acumula 17 años consecutivos dentro del grupo con mayor incidencia de pobreza extrema. La coexistencia de esta realidad con una cartera minera superior a los US$ 16,000 millones debería obligar a una reflexión seria sobre las oportunidades que el país ha dejado pasar.

La minería, por supuesto, no puede ser presentada como una solución automática a todos los problemas regionales. Para que sus beneficios se traduzcan en desarrollo sostenible se requieren instituciones eficaces, adecuada utilización de los recursos públicos, infraestructura, capacitación laboral y proveedores locales capaces de integrarse a las nuevas cadenas productivas.

Precisamente por ello, Michiquillay puede ser mucho más que una mina. Su desarrollo podría impulsar un clúster minero en el norte del país, alrededor del cual se articulen empresas de transporte, energía, metalmecánica, construcción, servicios especializados y tecnología. La experiencia de regiones mineras como Antofagasta, en Chile, demuestra que la explotación de recursos naturales puede generar ecosistemas empresariales mucho más amplios cuando existe una estrategia de largo plazo.

También debe considerarse el efecto sobre el empleo. La actividad minera genera puestos de trabajo directos, pero alrededor de ella se desarrolla una extensa red de actividades vinculadas con servicios, logística, construcción, mantenimiento y provisión de bienes. Diversos estudios calculan que cada empleo directo en minería puede generar entre tres y cinco empleos indirectos. Para una región con elevados niveles de pobreza, ese efecto multiplicador no es menor.

El desafío consiste, entonces, en crear las condiciones para que Michiquillay avance y, al mismo tiempo, sirva como referencia para destrabar los demás proyectos. El Perú necesita seguridad jurídica, reglas previsibles, instituciones capaces de gestionar los conflictos sociales y una política de Estado que trascienda los ciclos políticos. También debe combatir con firmeza la minería ilegal, cuya expansión genera daños ambientales, evasión tributaria y violencia, además de competir deslealmente con la minería formal.

Cajamarca no carece de recursos. Lo que ha faltado durante demasiado tiempo es la capacidad para convertirlos en inversión y desarrollo. Michiquillay puede marcar un antes y un después, siempre que el Estado, la empresa y las comunidades logren construir las condiciones necesarias para su ejecución.

El cobre ofrece al Perú una oportunidad excepcional. Para Cajamarca, Michiquillay puede representar la posibilidad de dejar atrás una década de proyectos postergados y comenzar a transformar su riqueza mineral en empleo, inversión y bienestar. Seguir esperando, mientras otros países aprovechan el crecimiento de la demanda mundial, tendría un costo que la región ya no debería estar dispuesta a asumir.