Los círculos virtuosos entre el agua y la minería

La minería ocupa un lugar central en la economía peruana. Con el cobre por encima de US$ 6.33 por libra y el oro sobre los US$ 4,000 por onza, el sector atraviesa un escenario internacional excepcional. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones y representaron el 67.5% del valor exportado por el país. La actividad equivale aproximadamente al 9% del PBI y genera cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Pero la importancia de la minería también puede medirse por su capacidad para contribuir a resolver uno de los principales problemas estructurales del país: la gestión del agua.

Durante la COP30, Fabiola Sifuentes, presidenta del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, destacó que las acciones de adaptación del sector permitieron ahorrar 380,000 metros cúbicos mediante iniciativas de reúso y recirculación. Estas medidas estuvieron acompañadas por la rehabilitación de más de 1,000 hectáreas de bosques y de 15,249 metros cuadrados de humedales y bofedales. La gestión hídrica, por tanto, comprende tanto la eficiencia en las operaciones como la recuperación de ecosistemas.

Los resultados se observan en distintas regiones. Antamina, en Áncash, recircula el 98.5% del agua utilizada en su planta concentradora y participa en la modernización y ampliación del sistema urbano de saneamiento de Huarmey. En Huaral, Minera Colquisiri reutiliza el 90% del agua para riego y procesos internos, sin realizar descargas líquidas al ambiente. Buenaventura recircula cerca del 97% del agua en sus minas a tajo abierto y el 85% en las subterráneas, además de mantener reservorios que superan los 100 millones de metros cúbicos.

Pero el aporte adquiere una dimensión mayor cuando la inversión minera permite construir infraestructura para todo un territorio. En Arequipa, el Círculo Virtuoso del Agua de Cerro Verde comprende las presas Pillones, Bamputañe y San José de Uzuña, que incorporaron 130 millones de metros cúbicos de capacidad al sistema del río Chili y permiten almacenar agua de lluvia que anteriormente terminaba en el mar.

Existen experiencias similares en otras regiones. En Puno, Minsur construyó 32 represas comunales y 224 reservorios familiares, con una capacidad cercana a dos millones de metros cúbicos para riego y consumo humano. En Tacna, Southern Perú cofinanció la presa Cularjahuira, que incrementó en 2.55 millones de metros cúbicos la disponibilidad para uso agrícola, y comprometió más de S/ 142 millones para la futura presa Callazas, que tendrá 10 millones de metros cúbicos de capacidad aprovechable y permitirá irrigar 3,392 hectáreas.

En Cajamarca, la presa Chonta representa otra oportunidad. La obra almacenará más de 44 millones de metros cúbicos, permitirá irrigar más de 5,000 hectáreas y contribuirá al abastecimiento de más de 300,000 habitantes hasta 2039. Es una inversión particularmente relevante para una región que mantiene importantes brechas de infraestructura hídrica.

Incluso existen obras mineras que terminaron adquiriendo una función social de alcance mucho mayor. El Túnel Graton, construido en los años sesenta para desaguar las minas de Casapalca, actualmente canaliza alrededor de 5,000 litros de agua por segundo hacia el río Rímac, cerca del 20% del agua que consumen los limeños. Además, la mayoría de operaciones de Alpayana recircula el 100% del agua de sus procesos.

Chile ofrece también experiencias relevantes. En Antofagasta, Escondida dejó de extraer agua de acuíferos altoandinos y actualmente abastece sus operaciones mediante agua desalinizada. En Los Bronces, Anglo American reutiliza cerca del 90% del agua empleada en sus procesos y desarrolla infraestructura de desalinización que contempla el abastecimiento de unas 40,000 personas.

Estas experiencias cuestionan una visión según la cual minería y seguridad hídrica serían necesariamente incompatibles. Una minería formal y tecnológicamente avanzada puede reducir su consumo, reutilizar el recurso, recuperar ecosistemas y participar en la construcción de infraestructura destinada al consumo humano y agrícola.

El Estado, naturalmente, mantiene la responsabilidad principal de planificar y ejecutar la infraestructura hídrica que necesita el país. Pero esa responsabilidad no significa desaprovechar la capacidad financiera y técnica de la inversión privada. Las Asociaciones Público-Privadas y las Obras por Impuestos pueden convertirse en instrumentos para multiplicar experiencias como las señaladas.

El debate, por ello, debería dejar de plantearse como una disyuntiva entre minería y agua. La pregunta es cómo conseguir que la minería formal participe cada vez más en la solución del déficit hídrico. En un país con abundantes recursos naturales, pero insuficiente infraestructura para almacenarlos y distribuirlos, cada represa, reservorio, planta de tratamiento o sistema de reúso constituye una inversión estratégica. La minería puede ser parte de esa solución y el Perú no debería desperdiciar esa oportunidad.