¡Consolidar estado de emergencia en Pataz para enfrentar la minería ilegal!

En los primeros días de octubre la administración de Keiko Fujimori debe prorrogar el estado de emergencia establecido en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. El decreto que amplía el estado de emergencia en Pataz, según el nuevo sistema bicameral, deberá ser ratificado por el Senado. Considerando la discreción y la responsabilidad que han demostrado las bancadas legislativas en la cámara alta todo indica que no habría novedades en la decisión de ratificar el papel de las fuerzas armadas en el respaldo a las instituciones del Estado de derecho y el sistema democrático en general.

Sin embargo, en los últimos días, como parte de una campaña en contra del sector Defensa, la izquierda radical ha comenzado a sostener que no se debe prorrogar el Estado de emergencia porque las fuerzas armadas no deben proteger a una empresa o un sector en particular. El argumento es delirante considerando la tragedia que contemplamos en Pataz en los últimos meses.

Vale anotar que en el 2025 se produjeron más de 52 asesinatos de trabajadores de empresas mineras formales por la violencia que desataron las bandas criminales que controlan la minería ilegal en la señalada provincia liberteña. El caso más aterrador fue el secuestro de 13 trabajadores de una pequeña empresa minera de servicios. Luego los trabajadores secuestrados fueron ejecutados a sangre fría, y los hechos de sangre se conocerían por algunos videos propalados en las redes sociales. El mensaje del crimen organizado fue estremecedor para las empresas formales que pagan impuestos, generan empleo formal y preservan el medio ambiente: o abandonan las concesiones formales que conducen o se exponen a este tipo de ejecuciones.

Y si a estos hechos de sangre le agregamos la información acerca de que alrededor de 12,000 camiones se movilizan cada año transportando el mineral ilegal que se sustrae de las concesiones formales, entonces, tenemos la instantánea exacta del avance de la ilegalidad. Y si añadimos la tendencia del precio de la onza de oro, que oscila cerca de los US$ 5,000 dólares, ¿qué puede significar que la democracia renuncie a movilizar a las fuerzas armadas en la defensa del Estado de derecho y de la vida y de la salud de los ciudadanos de Pataz?

La izquierda radical no puede argumentar a favor del fin del Estado de emergencia o del retiro de las fuerzas armadas en la provincia de Pataz a menos que decida abiertamente apoyar el avance de la minería ilegal y el crimen organizado. 

Es más, si el Estado de derecho y las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad no asumen su plena responsabilidad en asunto que ya forma parte de la agenda de la seguridad nacional, tarde o temprano el avance de la minería ilegal se convertirá en un asunto de seguridad hemisférica. ¿A qué nos referimos?  Si el Estado de derecho no combate el avance de la minería ilegal, de alguna manera los cárteles y el crimen organizado mundial serán notificados de que en el país existe un negocio rentable, y que incrementará sus posibilidades por la tendencia al incremento del precio del oro. En ese contexto, el crimen organizado mundial podría focalizarse en el país.

Planteadas las cosas así, pues, el Estado, la nueva administración y el Senado tienen la ineludible responsabilidad de seguir defendiendo los derechos civiles y políticos de los ciudadanos en Pataz. 

Si el crimen organizado y la minería ilegal avanzan en Pataz, entonces se derrumbará el sistema de propiedad minera, el sistema de concesiones moderno que ha permitido al Perú convertirse en una potencia minera mundial en cobre y otros minerales. Es decir, se pondrá en cuestión el mismo sistema de propiedad en minería que ha llevado a Australia, Canadá y Chile a convertirse en gigantes mundiales de la minería.