El valor de cada sol

Durante décadas, el Perú aprendió a cuidar su estabilidad macroeconómica, pero no consiguió transformar esa disciplina con la misma eficacia en escuelas que enseñen, hospitales que atiendan, calles seguras o infraestructura que funcione. Allí está una de las grandes contradicciones del país: hemos construido instituciones capaces de preservar ciertos equilibrios económicos, pero no un Estado capaz de garantizar bienes públicos de calidad.

La comparación internacional demuestra que no se trata de una imposibilidad peruana. Países como Chile, Uruguay y Costa Rica, con restricciones fiscales y problemas propios, han conseguido desarrollar capacidades estatales más consistentes. La diferencia no está únicamente en cuánto gastan, sino en cómo convierten los recursos públicos en resultados.

El Perú destinó aproximadamente 5,2% de su PBI a inversión pública en 2024, frente a 3,5% en promedio en los países desarrollados. Sin embargo, hasta 40% de esa inversión podría utilizarse de manera más eficiente. El problema peruano, por tanto, no puede reducirse a repetir que “falta presupuesto”. También falta capacidad para transformar presupuesto en bienestar.

¿Qué debería hacerse? La primera reforma debe consistir en cambiar la unidad con la que medimos el éxito del Estado. Un ministerio no debería presumir cuánto ejecutó, sino qué consiguió. Educación debe responder por aprendizaje; Salud, por tiempos de espera, prevención y calidad de atención; Interior, por reducción efectiva del delito; Transportes, por tiempos de desplazamiento y calidad de infraestructura. El presupuesto por resultados debe dejar de ser una metodología administrativa y convertirse en la lógica central del Estado.

Segundo, el Perú necesita priorizar antes de gastar. No podemos seguir dispersando recursos entre miles de proyectos mientras permanecen abiertas las mismas brechas esenciales. Agua, saneamiento, primera infancia, atención primaria de salud, seguridad, conectividad y transporte deberían conformar un núcleo nacional de bienes públicos prioritarios.

Tercero, necesitamos profesionalizar la ejecución territorial. Una carretera, un colegio o un hospital no debería depender de la capacidad accidental del alcalde o gobernador de turno. El Gobierno Nacional podría crear equipos técnicos permanentes que formulen, liciten y acompañen proyectos de alta complejidad en regiones y municipios con menor capacidad institucional.

Cuarto, debemos reordenar el gasto antes de exigir mayores sacrificios al ciudadano. La recaudación tributaria peruana alcanzó apenas 17% del PBI en 2024, muy por debajo de los estándares internacionales, por lo que eventualmente será necesario ampliar la base tributaria y reducir la evasión. Pero cualquier reforma tributaria será políticamente frágil mientras el ciudadano perciba que entrega más y recibe poco.

Finalmente, el Perú necesita un tablero público nacional de resultados: cuánto cuesta cada servicio y qué obtiene la población a cambio. Comparar hospitales, colegios, comisarías, municipios y regiones obligaría al Estado a explicar sus diferencias de productividad.

La hoja de ruta, entonces, es clara: medir resultados, priorizar bienes esenciales, profesionalizar la ejecución, eliminar gasto ineficiente y recién entonces ampliar sosteniblemente los recursos disponibles.

El verdadero desarrollo no consiste en que el Estado tenga más dinero. Consiste en que cada sol público produzca más educación, más salud, más seguridad y mejor infraestructura. Ese es el salto que otros países comenzaron hace décadas y que el Perú todavía tiene pendiente.