La delegación de facultades legislativas y la salud

El 28 de agosto del 2026, por fin, el Poder Ejecutivo ha presentado la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 120 días en ocho materias, que había sido anunciado el 28 de julio del 2026, en el mensaje tras la juramentación de la nueva presidente de la República.  La primera materia es sobre seguridad ciudadana y orden interno, que según la exposición de motivos se justifica por el avance de la criminalidad organizada transnacional y la necesidad de inversiones en cárceles. El gobierno propone declarar a las organizaciones criminales como terroristas, modificar el marco de intervención de las Fuerzas Armadas y reforzar el control de dispositivos móviles en penales. Sin embargo, el debate no será sencillo, debido a que, si no se ajustan las intenciones y la redacción de la norma, existe el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, militarizar funciones policiales, y afectar el control constitucional, por tanto, será inevitable ceñirse, en el mejor sentido, al cumplimiento de los derechos humanos. 

La segunda materia está en relación con las micro y pequeñas empresas que propone reducir barreras burocráticas para la formalización, crear instrumentos de capital semilla y modernizar el régimen societario. Es decir, se busca facilitar la formalización y el acceso a financiamiento. En esa línea hay que tener cuidado en flexibilizar sin debilitar los controles y lidiar con la capacidad limitada de los gobiernos regionales y locales y su resistencia al cambio. 

La tercera materia es la promoción del empleo y el rubro laboral, para tal fin propone incluir bonos de productividad no remunerativos, el fortalecimiento de la inspección laboral y la optimización de feriados. La letra pequeña de la norma es crucial, porque si bien es cierto que se busca incentivar la productividad, también es cierto que existe el riesgo de precarizar las relaciones laborales y se genere oposición desde los gremios sindicales.

La cuarta materia se propone la simplificación administrativa y la transformación digital. Es una materia necesaria e importante, ya que propone eliminar barreras burocráticas, digitalizar servicios entre otros. Sin embargo, hay que tener cuidado con la desregulación y la enorme brecha digital. La norma deberá diferenciar los requisitos técnicos de las trabas y de las redundancias. 

La quinta materia se refiere al desarrollo productivo, agrario y recursos naturales. Busca simplificar títulos habilitantes en minería e hidrocarburos, modernizar la ley de recursos hídricos y promover la asociatividad agraria. Esta tarea es titánica y compleja. El objetivo es atraer inversiones y promover el desarrollo. Sin embargo, la redacción de las normas podría flexibilizar el riesgo ambiental o que genere la oposición disfuncional de las comunidades y las organizaciones ambientales.

La sexta materia se refiere al ámbito tributario y aduanero, en la que se plantea simplificar regímenes tributarios y modernizar el marco aduanero. Es un gran paso con la finalidad de mejorar la recaudación fiscal y la liberalización de la economía. Esta materia requerirá justificación con evidencias de cada norma y es probable que se genere un gran debate. En materia de impuestos, es donde las ideologías expresan con vehemencia sus discrepancias. 

La séptima materia es la reforma estructural y la modernización del Estado. Para tal fin, promueve la meritocracia, incentivos para retiros voluntarios y la reestructuración de Sedapal. Es un clamor que se mejore la eficiencia del aparato estatal. Sin embargo, hay que tener cuidado con la pérdida del personal calificado o que se enfrente a una oposición disfuncional de los gremios sindicales.

La octava materia se refiere a vivienda y saneamiento. Se propone mejorar el acceso a los servicios básicos, al garantizar el acceso al agua potable en proyectos de vivienda social y optimizar el bono familiar habitacional. Sin embargo, hay que tener cuidado en la posible afectación de la sostenibilidad de las empresas prestadoras, que se genere expectativas a los ciudadanos y que se enfrenten con las limitaciones presupuestales.

Como se puede apreciar, el paquete de 66 medidas que contiene la Proposición Legislativa no incluye la materia sanitaria o de salud, en ese sentido, el gobierno se priva de una herramienta valiosa para atender una de las demandas más sentidas y permanentes de la ciudadanía, limita así su capacidad de respuesta a una crisis sanitaria que no ha sido resuelta en sus aspectos estructurales. Sin embargo, se puede apreciar que a pesar de esta omisión expresa, la Proposición Legislativa contiene algunas medidas que, aunque de manera indirecta, podrían tener impacto favorable en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a la modernización del Estado y la transformación digital, se contemplan disposiciones orientadas a digitalizar los procedimientos administrativos y mejorar la prestación de servicios por parte de las entidades públicas. Esta medida podría significar mayor eficiencia en la gestión hospitalaria, en la reducción de tiempos de espera para la obtención de citas y en la simplificación de trámites para los pacientes. De igual manera ocurre con las propuestas para mejorar la respuesta a emergencias y desastres, con relación a Indeci y a Obras por Impuestos. También, en saneamiento y en agua potable y su acceso para todos, los subsidios cruzados, entre otros. 

El pedido de facultades legislativas llegó con retraso frente a la realidad política del país, por tanto, se ha enmarcado dentro de la campaña para las elecciones regionales y municipales a realizarse el 04 de octubre y la discusión paralela de la Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2027. Estos tres elementos, el pedido tardío de facultades, el proceso electoral y el debate presupuestal, se entrelazan generando un escenario con riesgo de alta confrontación. Los senadores y diputados se encuentran inmersos en sus respectivas campañas electorales. Cada intervención en el hemiciclo, cada voto y cada posición tomada estará calculada no solo en función del interés nacional, sino también del rédito electoral que pueda generar en su respectiva provincia o región. Igual suerte correrá el debate de la Ley de Presupuesto del 2027. El desfile ministerial en las comisiones para sustentar sus prioridades y sus gastos se convertirá en una tribuna adicional de los parlamentarios para la campaña electoral, incluso, con interpelaciones o exigencias de compromisos para evidenciar logros ante sus electores. 

La discusión de la Ley de Presupuesto se entrelazará así con el debate de la delegación de facultades, lo que genera sobrecarga en la agenda legislativa y la multiplicación de las oportunidades para la politización de los temas técnicos. La combinación de estos tres factores, el pedido tardío de facultades, la campaña electoral y el debate presupuestal, configura un escenario de alta complejidad donde el consenso se vuelve más difícil de alcanzar y donde los intereses particulares y electorales tienden a predominar sobre el interés general. Encima, la fragmentación política del Congreso añade una capa adicional de complejidad al proceso. La oposición, en coalición, cuenta con la mesa directiva de la Cámara de Diputados y está sustentada por cuatro partidos con intereses y matices diversos, lo que dificulta la construcción de acuerdos monolíticos. Cada formación política, y dentro de ella cada diputado, tiene sus propias prioridades y sensibilidades, que se verán exacerbadas por la cercanía de los comicios. Esta fragmentación sugiere que, si bien podría haber debates intensos y matices, los consensos necesarios para la aprobación podrían alcanzarse tema por tema, siempre y cuando exista la voluntad política para ello. 

En este contexto, la discusión sobre la delegación de facultades pondrá a prueba no solo las habilidades de negociación del Ejecutivo y del Legislativo, sino también la capacidad del sistema político para anteponer el interés nacional a las conveniencias electorales o particulares. La omisión de la salud como materia delegable es una oportunidad perdida que refleja la falta de liderazgo del Ministerio de Salud en la construcción de la agenda política, aunque las medidas indirectas contenidas en el proyecto podrían, si se implementan adecuadamente, generar algunos avances en la atención médica y la salud. ¡Cuidado, la salud no espera!