Keiko no puede deshonrar la memoria de su padre

El asesinato de cuatro personas y el secuestro de otra, en Trujillo, esta última liberada horas después por sus secuestradores, pone en entredicho la gestión de Keiko Fujimori.  

La lucha contra la inseguridad ciudadana es una tarea urgente. Se debe reducir al máximo su presencia nociva en la sociedad, y con ello quitarle a la oposición argumentos válidos contra el Gobierno. Esa oposición, representada en el Parlamento, tiene hoy la excusa mañosa para condicionar el otorgamiento de facultades legislativas: no hay facultados si no hay avances contra la criminalidad. Y ciertamente, no hay avances.  

Desde que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo un solo comando, derrotaron militarmente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, existe una campaña sostenida contra las instituciones de orden y defensa. De manera maliciosa, en el Lugar de la Memoria (LUM) se exhiben números de víctimas que equiparan los crímenes de los terroristas con los excesos de las fuerzas del orden.  

La inseguridad ciudadana es complicada de resolver. A ello hay que sumarle el desprestigio, cierto o inventado, de la Policía. No obstante, al margen de todos los dichos, el país debe cerrar filas alrededor de las fuerzas del orden; no podemos darnos el lujo de señalar, sin sustento, errores, omisiones y delitos cometidos por los policías. La delincuencia uniformada debe ser castigada con severidad para ofrecerle al país confianza. Esa es la responsabilidad de Keiko Fujimori.

Después de lo sucedido en Trujillo, la presidente no puede frivolizar su mandato. Debe exigir transparencia y seriedad a las autoridades bajo su mando. Las dudas y los cuestionamientos son legítimos, y aunque duela, la población merece la verdad. ¿Dónde están los expertos en seguridad ciudadana que debieron comenzar a actuar inmediatamente después de la juramentación del nuevo Gobierno? 

La guerra contra los criminales internacionales es más compleja que la que se libró contra el terrorismo senderistas y emerretistas. Eran tiempos sin tanta tecnología, ahora bien aprovechada por sicarios, extorsionadores y secuestradores. Sus actos son cada vez más avezados debido a la débil reacción del Estado. Y no es posible combatirlos en solitario. Para hacerlo son necesarios instrumentos de cooperación, y el uso de tecnologías para ubicarlos y desmantelarlos. Además, detrás de esa criminalidad existen intereses políticos contrarios al Perú y la región, intereses que están bien conectados con el narcotráfico y la minería ilegal. 

En este contexto de violencia extrema, la llegada de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, otorgará a Keiko Fujimori un espaldarazo envidiable. Pero los comunistas no ven con buenos ojos el Escudo de las Américas propiciado por Donald Trump. El compromiso estadounidense con el Perú es visible, y Rubio viene a fortalecerlo y a emprender la lucha contra el crimen y la defensa continental.  

Keiko Fujimori puede ser, entonces, una protagonista de alto valor en este devenir histórico. Llegó la hora del quiebre, de hacer todo lo posible mientras la popularidad sonríe y la paciencia de la población es todavía generosa. La línea divisoria entre la esperanza y la decepción es muy débil, y los comunistas hace rato complotan por la decepción.

Keiko Fujimori está obligada a ser consecuente con sus electores y el país, no puede deshonrar la memoria de su padre. Quienes votaron por ella lo hicieron por la transformación rápida y total, y no a medias y a cuenta gotas. No se pueden retrasar los cambios ni seguir con las tibiezas y complejos. No se puede allanar el camino político a otro político igual o peor que Pedro Castillo.