Las sobrerregulaciones que ahogan a la minería

Una concesión minera es el derecho que otorga el Estado peruano a una empresa para explorar y explotar recursos minerales dentro de un área geográfica delimitada. En el Perú, desde el área con reservas probadas de mineral se suman varias cuadrículas hasta constituir concesiones que suelen superar las 10,000 hectáreas. Este diseño no es una peculiaridad peruana. En Canadá, Australia y Chile, potencias mineras, las concesiones también comprenden extensiones amplias, precisamente porque la exploración continua alrededor del yacimiento confirmado forma parte de la actividad central que sostiene la rentabilidad del proyecto a largo plazo.

El mecanismo financiero detrás de este modelo explica por qué la extensión de las concesiones resulta indispensable. Con la concesión titulada, la empresa puede acudir al sistema financiero internacional para conseguir financiamientos de entre US$ 1,200 millones y US$ 10,000 millones. Con esos recursos se explota el mineral confirmado mientras se desarrolla una exploración intensiva en el resto de la concesión, con el objetivo de prolongar la vida útil de la mina e incrementar su rentabilidad una vez pagada la obligación financiera. Ese círculo —exploración, financiamiento, explotación y reinversión— permite multiplicar las reservas probadas y generar riqueza sostenida para el país.

El contexto actual hace especialmente urgente defender este modelo. Con el cobre por encima de los US$ 6.33 por libra y el oro alrededor de los US$ 4,000 por onza, la minería atraviesa un superciclo de demanda y rentabilidad excepcional. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 62,848 millones, un crecimiento de 27.2% frente a 2024, y representaron el 67.5% del valor exportado por el país. Asimismo, el sector representa alrededor del 9% del PBI nacional y generó cerca de 2 millones de empleos directos e indirectos.

El dinamismo de la minería también se refleja en la demanda por nuevas concesiones. Desde el INGEMMET se proyectó que el Perú superaría las 11,000 solicitudes durante 2026, alcanzando un nuevo máximo histórico. Es decir, existe interés por explorar y desarrollar nuevos recursos, precisamente cuando las condiciones internacionales ofrecen una oportunidad excepcional para la minería peruana.

El problema aparece cuando la permisología termina frenando el desarrollo de las concesiones y, con ello, limita los beneficios que estas pueden generar. Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, ha señalado que a inicios de los años 2000 un proyecto minero requería entre 15 y 17 trámites, mientras que hoy supera los 265. El resultado es una diferencia dramática frente a los estándares internacionales: mientras el promedio mundial para iniciar operaciones desde el descubrimiento es de 28 años, estudios de S&P Global señalan que en el Perú ese proceso puede tomar entre 40 y 62 años. Existen casos emblemáticos como Las Bambas, con 105 años; Quellaveco, con 83; y Antamina, con 76.

El país cuenta actualmente con una enorme cartera de proyectos mineros: 66 iniciativas distribuidas en 19 departamentos, con una inversión estimada de US$ 64,075 millones, según el MINEM. Sin embargo, ese potencial permanece atrapado en cuellos de botella institucionales. El exceso de trámites y las trabas técnicas explican el 75% del retraso registrado en los proyectos mineros, de acuerdo con estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Ahora bien, el costo económico de esta lentitud ya ha sido cuantificado. La investigación titulada ¿Qué estamos perdiendo como país? calculó que la no ejecución de 23 proyectos mineros retrasados por trabas burocráticas y conflictividad social entre 2008 y 2022 significó pérdidas de S/ 698,000 millones para la economía peruana. Asimismo, estima que esa parálisis impidió la creación de hasta 541,000 empleos anuales durante la fase de producción y 125,000 durante la fase de inversión de dichos proyectos.

La conclusión es directa. El modelo de concesiones mineras que rige en el Perú es equiparable al de las jurisdicciones mineras más consolidadas del mundo. El problema no está, por tanto, en la existencia de concesiones amplias, sino en la acumulación de permisos, trámites y obstáculos que prolongan innecesariamente la maduración de los proyectos.

El actual superciclo de precios ofrece una oportunidad concreta para capitalizar la riqueza mineral del país. Pero esa oportunidad no será eterna. Reducir la permisología, acelerar los procedimientos y eliminar las trabas que no agregan valor será determinante para decidir si la cartera minera de US$ 64,075 millones se convierte finalmente en producción, empleo y recursos para el Estado, o permanece varada en el papel durante décadas.