Ofensiva contra la minería del sur y desconcierto gubernamental

Se está dejando la solución de los conflictos a las empresas mineras

A estas alturas es incuestionable que existe una estrategia bien montada de parte de un sector del radicalismo para paralizar los proyectos mineros del sur peruano, con el objetivo de ralentizar el crecimiento económico y conducirnos hacia el estatismo. Frente a tal desconcierto, todo indica que el gobierno pepekausa no tiene una estrategia para enfrentar y gestionar los conflictos sociales. En una reciente entrevista el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, Carlos Gálvez, sostuvo que el gobierno pepekausa cambia las reglas de juego en relación a los conflictos sociales. Además Gálvez dijo que los conflictos sociales son la razón por la que la inversión minera ha caído, y que habría personajes con “intereses crematísticos” azuzando los conflictos. Las opiniones del presidente de la Sociedad Nacional de Minería son la señal de alerta que el gobierno debería tomar en cuenta.

No obstante ocurre todo lo contrario. El gobierno pepekausa está dejando la responsabilidad de la solución de los conflictos a las empresas mineras. En los últimos días hemos visto que el gobierno pepekausa, a través del vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra (responsable de la negociación con las comunidades alrededor de Las Bambas), en un acto precipitado expone a la empresa minera MMG, concesionaria del proyecto. En una reunión con los líderes y autoridades de las comunidades aledañas al proyecto minero en Tambobamba, Vizcarra indicó que la empresa minera otorgará alrededor de S/. 800 millones. Además el vicepresidente —en una decisión difícil de entender— pidió a nombre del gobierno, la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), estableciendo marzo del 2017 como plazo máximo.

La decisión de Vizcarra es inentendible por dos razones. La primera, porque la empresa concesionara de Las Bambas tiene comprometidos con las autoridades locales alrededor de S/. 250 millones al año. ¿De dónde saca Vizcarra los S/. 800 millones? La segunda es con respecto a la revisión del EIA de Las Bambas. El próximo año (entre julio y octubre del 2017) la empresa deberá actualizar el EIA, tal como se establece en la ley, por un periodo de cinco años. La actualización del EIA no se hará cuando al gobierno o Vizcarra se le ocurra, sino según se establece en el marco normativo. Es lógico que Vizcarra debía saber eso antes de cualquier ofrecimiento.

Como se puede ver, el gobierno pepekausa no tiene una estrategia clara para la gestión de los conflictos sociales. Ante la falta de un Estado que imponga la ley, todo indica que la ola radical del movimiento antiminero crece. El gobierno pepekausa ha desguarnecido el Corredor Minero del Sur Andino y hoy se está gestando un gran frente para paralizarlo. En Chumbivilcas, las organizaciones sociales están exigiendo una larga propuesta (entre ellas la presencia de siete ministros, un bono minero, modificación el seguro agrario, y porcentaje de utilidades) para reiniciar las conversaciones y solucionar el conflicto. Sin embargo, tarde o temprano —si el gobierno no cambia la estrategia— se reiniciarán las protestas. El SUTEP, el Frente Único de los Intereses de Chumbivilcas, la Liga Agraria y otras organizaciones exigen la revisión de los EIA de varios proyectos mineros, entre ellos Hubday, Ares o Anabi. Es decir, el Corredor Minero del Sur —aquella zona que agrupa a Las Bambas, Antapaccay, Anabi y Constancia— está actualmente en peligro.

Al radicalismo antiminero se suman ciertos personajes azuzadores de los conflictos sociales que están buscando beneficios propios. A pesar de que las comunidades los han denunciado con nombre propio, los hermanos Chávez Sotelo, los señores Rodmy Cabrera, Mauricio Quiroz y Edwar Quiroga, siguen allí. ¿Dónde está la mano de la ley para estos señores?

Y mientras todo aquello ocurre, el propio presidente PPK indica que visitará en enero el Valle del Tambo para escuchar a la población, con el objetivo de sacar adelante el proyecto Tía María. Es decir, el propio presidente elabora una estrategia.