Ley de empleo juvenil favorece a los jóvenes

La congresista Úrsula Letona anunció que el proyecto de Ley de Promoción del Empleo Juvenil será retomado en el Congreso de la República. La denominada “ley pulpín” fue dejada de lado en el Parlamento debido a la oposición de los colectivos juveniles vinculados a la izquierda, que organizaron en 2014 manifestaciones públicas violentas para impedir su aprobación. Por su parte, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, señaló que la propuesta estará lista a fin de mes.

El proyecto de Ley 1104/2016-PE, malinterpretado por los jóvenes, pretende ordenar el trabajo que realizan los miles de jóvenes condenados a la informalidad e inseguridad en centros laborales dominados por la precariedad y el desorden. Asimismo, con esta Ley se intenta incentivar a las empresas para que contraten a más jóvenes de manera formal y con todos los derechos laborales. La norma en cuestión establece que el Estado asumirá el seguro médico de los jóvenes, un aporte de 9% al sistema EsSalud por un periodo máximo de tres años para jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.

El Gobierno de Ollanta Humala, en diciembre de 2014, promulgó la Ley Nº 30228, Ley del Régimen Laboral Juvenil, conocida como “ley pulpín”. Este intento de promoción laboral y de ordenar la situación legal de los jóvenes trabajadores fue atacado por la izquierda antimercado. El Congreso tuvo que retroceder por la presión de los jóvenes que, engañados por los operadores políticos extremistas, fueron llevados a las calles a manifestarse en contra de una ley que los favorecía.

El objetivo de la ley es también abaratar las contrataciones laborales de los jóvenes. La mayoría de ellos no están preparados para asumir actividades laborales con ciertos grados de responsabilidad, ni poseen las competencias técnicas suficientes para ofrecer resultados desde que son contratados. Los institutos técnicos y las universidades no se responsabilizan de la calidad de las calificaciones de sus egresados. En este contexto, las empresas contribuyen a su formación durante la etapa de aprendizaje y familiarización con el trabajo en la vida real. Asumen los daños y perjuicios ocasionados por los noveles trabajadores por la falta de experiencia.

No obstante, la izquierda peruana, en lugar de contribuir al desarrollo de los jóvenes, promueve narrativas típicas del siglo pasado. Cuestionan la propuesta argumentando falsamente que la Ley contribuye a la explotación de los trabajadores, sin las debidas protecciones legales. Los sindicatos de trabajadores, que no representan al 70% de trabajadores informales del país, continúan planteando una rigidez laboral que contribuye a esta informalidad adversa para la economía nacional. Por está razón, cientos de pequeñas y medianas empresas prefieren operar de manera informal, al margen de la ley y sin normas elementales de protección al trabajador. ¿Obra de quién? De la izquierda, enemiga de los trabajadores.

La precariedad laboral del país ha ganado demasiado cuerpo por las prácticas antimercado y antilaborales heredadas de la dictadura socialista iniciada en 1968. Según el Ministerio de Trabajo, alrededor del 78% de los jóvenes trabajan dentro de la informalidad, sin ningún derecho laboral y bajo condiciones paupérrimas. Con tanta información transmitida en “tiempo real”, con la producción industrial a gran escala facilitada por la inteligencia artificial y la robótica, y empleos organizados en función de programas y dispositivos electrónicos, persistir en la rigidez laboral es no conocer el continuo movimiento de los jóvenes, incluyendo sus actividades laborales.

Según un informe de la Macro Región Oriente —integrada por Ucayali, Loreto, Amazonas y San Martín—, en 2016 el 94% de los jóvenes —unas 220,000 personas entre 15 y 24 años— trabajaban de manera informal. En la Macro Región Sur, la situación es similar: 356,000 jóvenes, el 79%, labora informalmente. Y lo mismo en la Macro Región Centro (Ica, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Áncash, Junín y Pasco): el 90% (excepto Ica) de los jóvenes también trabaja de manera informal. Y en el norte (Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes y Cajamarca) la informalidad alcanza al 90% de los jóvenes.  

Esta situación debe ser corregida pronto por una ley de promoción laboral que beneficie a los jóvenes.