Incompetencia y sumisión ministerial en sector minería

El próximo viernes comparecerán ante el pleno del Congreso los titulares de los ministerios de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, y de Cultura (Mincul), Fabricio Valencia. En ambos casos el tema de fondo es la minería informal. 

Para Montero, es la decisión de ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y de la propuesta de una legislación conocida como Ley MAPE. En el caso de Valencia, es por la pretensión frustrada de reducir en 2,398 km2 la superficie dentro de la poligonal de las Líneas de Nazca, que innegablemente daba pie a la incursión de más minería ilegal en la zona.

En el Congreso, donde la minería ilegal tiene sus representantes, el desenlace puede ir en cualquier sentido. Si es necesario blindar a los interpelados para seguir manipulándolos con la complacencia del Ejecutivo, los protegerán; y si creen que echándolos darán la imagen de ser implacables contra las malas decisiones, les bajarán el pulgar. Todo depende de lo que convenga a los intereses de la coalición Ejecutivo-Legislativo. 

Lo real es que ambos ministros están en la categoría de prescindibles. Ambos se pueden calificar como faltos de iniciativas y dóciles con las instrucciones que vienen de la mandataria Dina Boluarte y su entorno. 

Montero en el Minem no tiene opinión propia de cómo afrontar el problema de la minería ilegal. Y cuando ingresó a la cartera, el Congreso hábilmente le endosó la pesada tarea de decidir en junio de este año sobre el Reinfo. 

No veo en el Ejecutivo en general un análisis frío de la situación: 17,000 solicitudes de Reinfo en curso; 51% de la producción legal del oro está atomizada en diversos pequeños productores, que pueden ser vulnerables al crimen organizado, extensiones territoriales excesivas otorgadas en concesión y cerca de 500,000 personas relacionadas con las actividades artesanales e ilegales. 

El diagnóstico es necesario, pero no suficiente para dar una solución, porque se requiere una interacción multisectorial en el Ejecutivo: Sunat Aduanas y Tributación, Ministerios del Interior y Defensa, Dirección de Inteligencia Nacional, Premierato y Presidencia de la República; esto es un imposible en este Gobierno enclenque. También se necesita estar alineado con el Congreso para actuar en la dirección correcta, lo que es una utopía. 

El caso de la perimetral de las Líneas de Nazca ha sido un despropósito mayúsculo, inimaginable sin el conocimiento de las más altas esferas del Ejecutivo. El titular del Mincul, tomó distancia cautelosa haciendo que sea la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales quien firmase la resolución disminuyendo el área de la poligonal, una funcionaria que tenía tan solo tres meses en el cargo. La fundamentación de nivel técnico que nunca se publicó había sido trabajada en niveles jerárquicos bastante bajos. 

El ministro Valencia tenía que ser consciente de cuál sería el destino del área recortada. Bastaba saber que inclusive dentro de la poligonal original ya había actividades relacionadas a la minería ilegal. Y si al menos hubiese visitado la ciudad de Nazca habría tomado conocimiento de la actividad económica que mueve los distritos de Ingenio, Changuillo, Vista Alegre y Nazca: viven de la explotación del oro ilegal. 

La campaña mediática internacional, que ha sido más intensa que la local, hizo retroceder una pésima decisión. Y en el Congreso, salvo honrosas excepciones, no hubo interés en absoluto. El retroceso no exime al ministro Valencia en su irresponsabilidad, que ha trascendido fronteras. Su censura estaría bien merecida. 

Veremos el viernes próximo cómo se comportan los miembros del desacreditado Poder Legislativo.