¿Debemos resignarnos a un Estado débil?

Este artículo va dirigido a quienes aspiran a gobernar el Perú. El crecimiento económico no se sostiene con instituciones débiles. Esa es, en esencia, una de las advertencias centrales del informe del Banco Mundial sobre nuestra realidad institucional. Y no es una novedad. Desde hace años, el país carga con un Estado fragmentado, ineficiente y, en no pocos casos, condicionado por redes de poder político o económico que lo alejan de su mandato ciudadano. El resultado: una economía estancada, una ciudadanía que desconfía y una oportunidad de desarrollo que se diluye.

El Estado peruano no solo gasta mal, gasta poco y gasta tarde. La inversión pública avanza a paso lento: proyectos importantes se dilatan durante años, la ejecución de los gobiernos regionales es baja y los grandes proyectos nacionales tampoco escapan a la ineficiencia. Los proyectos de inversión con una década de antigüedad presentan, en promedio, solo un 70 % de ejecución. A ello se suma una tramitología excesiva, adquisiciones públicas engorrosas y una fragmentación institucional que impide actuar con visión de país.

Todo esto ocurre en un contexto de inestabilidad política extrema. Desde 2016 hemos tenido seis presidentes, y la fragmentación del Congreso ha hecho prácticamente imposible cualquier reforma estructural de largo aliento. Más aún, la rotación constante en los altos cargos públicos ha debilitado la continuidad de las políticas y la capacidad del Estado para cumplir sus funciones más básicas.

No hay crecimiento inclusivo posible con un Estado que no funcione. Sin capacidad estatal, no hay infraestructura bien ejecutada, ni servicios públicos de calidad, ni regulación eficaz que genere confianza y atraiga inversión. En consecuencia, la informalidad se expande, la desigualdad territorial se agrava y la desafección ciudadana crece. ¿Cómo podemos construir un pacto social si el Estado es incapaz de cumplir su parte?

Reformar el Estado no es solo mejorar procedimientos: es recuperar su legitimidad ante los ciudadanos. Eso implica profesionalizar el servicio civil, evitar la arbitrariedad en los nombramientos y en la gestión pública, simplificar los procesos de inversión y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. El nuevo régimen de servicio civil, por ejemplo, sigue sin despegar: en 2021, menos del 1% de los servidores públicos estaban incorporados a ese sistema, que puede marcar la diferencia en eficiencia y transparencia.

Sin un Estado moderno no hay futuro sostenible. Es hora de asumir que la reforma del aparato público no es un asunto técnico reservado a especialistas, sino una condición fundamental para cualquier estrategia de desarrollo. Mientras el Estado no funcione, todo lo demás —educación, salud, infraestructura, productividad— serán promesas incumplidas.

La confianza ciudadana no se recupera con discursos: se recupera con resultados. Para eso, necesitamos un Estado que funcione. El proceso electoral que se avecina es una oportunidad clave para colocar la reforma del Estado en el centro del debate. No se trata solo de elegir nuevas autoridades, sino de replantear la arquitectura institucional sobre la cual queremos construir el futuro.