Ciberseguridad financiera

La digitalización del sistema financiero avanza con fuerza, pero el entorno se hace cada vez más vulnerable. En un país donde más del 50% de las operaciones bancarias ya se realizan de forma digital, la amenaza de ciberataques es un riesgo sistémico real. En 2024, se registraron más de 45,000 millones de eventos cibernéticos, lo que representó un aumento de 810 % respecto del 2023. Por eso resulta muy positiva la propuesta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP –con el MEF, BCRP y SMV–. para una estrategia nacional de ciberseguridad financiera. Y también es muy valioso el apoyo técnico del FMI, que ayuda a la respuesta del Estado frente a lo que es una preocupación internacional.

Los riesgos asociados a la ciberseguridad no se limitan a fraudes individuales o robos de identidad: incluyen interrupciones masivas de servicios financieros, filtración de datos sensibles y, en el peor de los casos, eventos que pueden comprometer la estabilidad del sistema financiero. La confianza, ese activo intangible pero fundamental para cualquier sistema económico, está en juego.

Los reguladores cobran mayor importancia. La supervisión tradicional debe incorporar un enfoque de ciber resiliencia, basado en la evaluación de riesgos tecnológicos, la gestión de incidentes y la protección de infraestructuras críticas. La creación de un comité nacional que articule esfuerzos entre la SBS, el BCRP, la SMV y el MEF es urgente. Se requiere una gobernanza clara, protocolos compartidos, interoperabilidad institucional y estándares alineados con las mejores prácticas internacionales.

Pero no basta con la coordinación. El país necesita una política pública en ciberseguridad financiera que sea preventiva, exigente y dinámica. Esto implica marcos regulatorios que obliguen a las entidades a contar con sistemas de protección robustos, auditorías especializadas, simulacros de cibercrisis y planes de contingencia. También se necesita promover la alfabetización digital del usuario, la inversión sostenida en tecnologías de detección y la cultura organizacional de respuesta ante eventos cibernéticos.

El año electoral que se avecina es una oportunidad para poner estos temas sobre la mesa. ¿Quién está hablando de ciberseguridad como política pública? ¿Quién está pensando en proteger el corazón digital del sistema financiero? La gente tiene que creer en sus instituciones. No puede haber inclusión financiera ni desarrollo sostenible sin seguridad digital. La regulación inteligente, anticipativa y coordinada es hoy más necesaria que nunca. La ciberseguridad no es solo un reto tecnológico: es un compromiso de Estado.