Un Estado a su medida

Cuando el Estado interviene de manera excesiva en la economía, se restringe la libre iniciativa de los ciudadanos, lo que limita su capacidad de emprender, innovar o establecer relaciones económicas según sus propios criterios. En contraste, un entorno de mayor libertad económica permite que cada individuo decida con quién vincularse y en qué condiciones, sin que las posiciones ideologizadas impongan una jerarquía previa entre los actores económicos.

La lógica de la confrontación entre las partes –propia del lenguaje marxista– ha generado mayores disparidades económicas entre los administrados y quienes detentan el control del Estado. Mientras algunos funcionarios convierten al Estado en un monstruo paquidérmico y anquilosado, su población padece el deterioro económico, que también impacta negativamente en la salud de sus ciudadanos; basta observar lo que ocurre en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, donde sus estados inhiben a sus ciudadanos.

Por ello, cuando en el Perú se anuncian medidas orientadas a la desregulación, implícitamente se está reconociendo que los límites a la libertad generan una caída en el ritmo de crecimiento. En 2011 el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) fue de 7%, en tanto que en 2023 tan solo alcanzó 0.55%. Afortunadamente, el 2024 el crecimiento del PBI alcanzó 3.3% (según el INEI); porque la economía mostró su dinamismo y fortaleza, y sus agentes incrementaron sus niveles de confianza tras el gobierno de Pedro Castillo. El crecimiento económico hizo que la población ocupada en el primer trimestre de 2025 aumente en 1.3%; todavía insuficiente, pero ya está registrando un avance.

Según el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, el Gobierno ha identificado 511 medidas, de las cuales 240 ya habrían sido implementadas. Estas medidas permitirán un incremento de 1% sobre el PBI de este año y un efecto multiplicador en los próximos. Esto ha quedado demostrado por la experiencia local e internacional. Basta comparar la Argentina de Javier Milei y la Venezuela de Nicolás Maduro y sus 26 años de Socialismo del siglo XXI: la primera en franco proceso de recuperación económica, y la segunda, en un deterioro sin final.

Las economías menos reguladas o libres generan mejores resultados y beneficios para sus ciudadanos. En concordancia, podemos imaginar los niveles de crecimiento económico que podría alcanzar la economía nacional si se implementaran las 271 medidas que quedan por desregular. Si el próximo año elegimos a un Gobierno promotor de las inversiones, que se dedique a su función principal, brindar seguridad ciudadana y establecer un sistema de justicia eficiente, reconocido y respetado por la sociedad.

Si en el Perú se hubiesen ejecutado los US$ 64,000 millones pendientes de inversión minera, se podría alcanzar –o inclusive superar– el actual volumen de producción de cobre de Chile (5.5 millones de TM), consolidar un clúster minero y emprender un vasto programa de obras públicas. Lo que la ciudadanía demanda es cero corrupción y eficiencia en el gasto.

No obstante, hoy el Perú enfrenta un gran desafío: las economías ilegales que están representadas por la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y la tala ilegal. Actividades que se infiltran en el aparato estatal y desde allí pretenden establecer un Estado a su medida.