Las Bambas continúa bajo acecho

Para el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, la solución “definitiva” al “conflicto” en la mina Las Bambas (Apurímac) pasa por la construcción del mineroducto, propuesto cuando el proyecto de cobre era parte de otros proyectos mineros en la zona sur. En todo caso, el diálogo sigue abierto entre los comuneros y la empresa, ha señalado el ministro. 

A entender de El Montonero.pe, los conflictos inventados por las ONG vinculadas al marxismo continuarán, con o sin mineroducto. El círculo antiminero continuará atacando la producción de cobre del país para favorecer a intereses extranjeros. La izquierda antisistema tiene puesta la mira en los recursos naturales del país, por cuestiones políticas. La estrategia es detener la producción nacional para señalar que el modelo económico ha fracasado. En este contexto, el Frente Amplio (FA), Nuevo Perú (NP) y el resto de partidos vinculados al marxismo y a la izquierda peruana se han pronunciado en contra de la Constitución de 1993. El conglomerado izquierdista y comunista, si es mayoría en el nuevo Congreso de la República a elegirse en enero próximo, cambiará la Carta Magna y el país retrocederá al 3 de octubre de 1968.

Los gobernadores de la mancomunidad de las regiones del sur (Arequipa, Cusco, Pasco, Madre de Dios, Moquegua y Tacna) son parte de la estrategia antisistema. Las autoridades han propuesto una nueva Ley General de Minería para introducir en la Constitución la participación del Estado en actividades productivas. Proponen la creación de una empresa minera estatal, como fue Centromín Perú, autora de los pasivos ambientales en la zona central peruana y también una de las empresas estatales con la mayor burocracia y corrupción. 

Los gobernadores de la mancomunidad del sur también proponen un “accionariado difundido” entre las comunidades de influencia minera, así como la reducción de la vigencia de las concesiones mineras. Verónika Mendoza, aliada política de Vladimir Cerrón —acusado por todos lados de misógino, homofóbico y xenófobo— ha señalado que las concesiones se deberían entregar por cinco años. La aspirante a la presidencia de la República desconoce que para obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones en los entes estatales, un proyecto demora hasta más de cuatro años. En otras palabras, recién a los cuatro años se puede empezar la construcción de la mina.

Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, plantea incluso una renta del 80% para las empresas mineras. Esto no sería otra cosa que la estatización de la minería peruana, una manera de controlar la producción y comercialización del cobre peruano por parte el Estado peruano. La meta sería el fin del modelo democrático y de mercados abiertos para restaurar el estatismo velasquista que vivió el país y que le dejó secuelas nocivas que hasta ahora influyen en la sociedad peruana.

La paralización del proyecto de cobre Conga en Cajamarca fue el gran “éxito” de la izquierda peruana. Tía María está en veremos. El plazo para que el Consejo de Minería (CM) decida sobre la suspensión de la licencia de construcción de la mina definirá la ruta elegida por la administración Vizcarra: o el desarrollo de la mano con las inversiones o el chavismo y el acaparamiento de los recursos naturales para expandir el comunismo en la región Latinoamericana. 

En Las Bambas las autodenominadas dirigencias, asesoradas por las ONG vinculadas al marxismo, han organizado violentas manifestaciones desde la última semana de setiembre. Numerosos heridos, entre ellos policías y una comunera que perdió el ojo por una piedra lanzada por los vándalos, han sido el resultado de las reyertas. 

Las inversiones en Apurímac han sido notables con el establecimiento del proyecto La Bambas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 58% del presupuesto de las municipalidades de la provincia de Cotabambas, S/ 164 millones, proviene del canon minero. Desde el principio, con la construcción de la mina, los proveedores de la mina eran empresas locales organizadas para este fin. No por nada el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que las nuevas dirigencias de las comunidades pretenden desconocer, fue aprobado por aclamación unánime por más de 6,500 personas en mayo 2010.