Pataz: oro, crimen y terror sin fronteras

El brutal asesinato de trece trabajadores en la zona aurífera de Pataz no fue un acto de delincuencia, fue una ejecución deliberada para enviar un mensaje de terror: que el dominio territorial no lo ejerce el Estado peruano, sino redes criminales con armas y recursos para controlar la zona. Este atentado, parte de la cadena de violencia en la región de La Libertad, muestra la ausencia del Estado y pérdida de soberanía interna. Pero lo que ocurre en Pataz va más allá de la informalidad; son estructuras criminales donde el oro ilegal es solo una de las fuentes de ingreso.

Durante años, el Perú ha tolerado el avance de economías ilegales, justificadas como empleo informal o abandono institucional. Pero en zonas como Pataz, bandas armadas consolidan rutas de extracción, cadenas logísticas y mecanismos de comercialización, trascendiendo el mercado nacional. El oro extraído sin trazabilidad termina en refinerías en Turquía, joyerías en los Balcanes o en bancos chinos, blanqueado a través de operadores en Panamá, Dubái o Suiza.

No es un fenómeno local, es un problema continental. Desde las selvas amazónicas hasta las fronteras norteamericanas, redes de crimen organizado articulan operaciones en minería, narcotráfico, tráfico de armas, migrantes y trata de personas. En Brasil, garimpeiros invaden territorios indígenas con maquinaria pesada. En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco es controlado por mafias amparadas por el régimen. En Colombia, disidencias de las FARC y el ELN financian operaciones con oro, con respaldo logístico del gobierno venezolano. En México, carteles como el de Sinaloa o CJNG suman la minería ilegal al repertorio criminal. En la triple frontera entre Perú, Bolivia y Brasil, converge el oro, cocaína y trata de personas, cruzando libremente.

La respuesta en Pataz es urgente, pero no puede ser fragmentaria. Las redes criminales operan con células especializadas en extracción, transporte, lavado de dinero, tráfico de migrantes o sicariato. Las mafias se camuflan como cooperativas, sindicatos o grupos como el Tren de Aragua, con estructuras delictivas en Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, controlando territorios, extorsionando migrantes y explotando sexualmente a mujeres bajo amenaza y coerción.

El Perú necesita una estrategia nacional firme. Recuperar el control en zonas como Pataz exige más que operativos policiales: requiere presencia estatal sostenida, bases de seguridad, fiscalías especializadas, control del comercio del oro y vías legales para la pequeña minería artesanal, además de inversiones en educación, salud, infraestructura, replicando métodos usados en los años noventa para controlar el terrorismo con el apoyo de las comunidades. Pero ninguna medida será suficiente en forma aislada. Este fenómeno debe abordarse a escala continental. mediante alianzas regionales que comprendan que la minería ilegal no es solo un problema ambiental, amenaza a la gobernabilidad, paz y estabilidad económica del hemisferio.

Una estrategia continental debe incluir cooperación en inteligencia financiera, controles aduaneros integrados, vigilancia satelital y sistemas de trazabilidad del oro. No basta con destruir dragas o incautar cargamentos, es imprescindible seguir la ruta del dinero, cerrar los mercados de compra, presionando internacionalmente a quienes lavan estos recursos. Tratados vinculantes entre países de la región con acciones articuladas, compartiendo redes de inteligencia y la colaboración de organismos como Interpol y el Gafilat, son esenciales para desmantelar estas redes.

La violencia en Pataz revela que no enfrentamos un fenómeno pasajero, sino la instauración de un orden alternativo en territorios abandonados. Las muertes son actos deliberados para gobernar desde el miedo. Declarar la guerra al oro ilegal es velar por el futuro del orden democrático en nuestras naciones.