Es evidente que la situación fiscal del país es ...
El pleno retorno del Estado de derecho al denominado Corredor Minero del Sur –sobre todo en Cusco y Apurímac–, en donde se emplazan las minas que producen cerca del 40% del cobre nacional, es vital para relanzar la minería, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en el país. Hoy, con un crecimiento de menos de 1% proyectado para el 2023, es imposible imaginar seguir reduciendo la pobreza.
Sin el relanzamiento de la minería las cosas se complican en el país. La posibilidad de concretar los proyectos Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa siempre ha sido una imagen emblemática del regreso de los círculos virtuosos de la minería. En Apurímac, Cusco y Apurímac, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), existen 14 proyectos que suman inversiones por US$ 18,238 millones. Entre estas inversiones a concretarse, por ejemplo, están Los Chancas de Southern Perú, Zafranal, Trapiche de Molle Verde y Chalcobamba Fase I, de Las Bambas, entre otras
Si el Gobierno de Dina Boluarte tiene la decisión de relanzar el crecimiento debería desarrollar un plan específico para las minas del sur que pase por restablecer plenamente el Estado de derecho, reducir la sobrerregulación que demanda trámites de casi un año para desarrollar exploraciones (en Ecuador y Chile se requieren tres meses) y avanzar en resolver los conflictos sociales existentes. El sur y el llamado corredor minero, pues, son temas claves.
Vale señalar que el sector minero beneficia a casi el 20% de la población nacional. En la minería se emplea directamente a más de 200,000 trabajadores, y a más de 1.2 millones de forma indirecta, a través de empresas y contratistas que ofrecen los más diversos servicios a la minería (desde transporte hasta alimentación). Si proyectamos el número de empleos directos e indirectos generados por la minería, de una u otra manera, estamos hablando de alrededor de siete millones de personas. En base a estas cifras nos preguntamos, ¿cómo puede haber peruanos que se opongan a la minería moderna?
Gracias a los aportes del sector minero, fue posible reducir la pobreza del 51% de la población en el 2004 al 21% en el 2018 de acuerdo a los hallazgos del estudio “Beneficios actuales y potenciales de la minería en el Perú”, elaborado por el IIMP y el Centro para la Competitividad y el Desarrollo. Según esa investigación, sin la minería la pobreza habría llegado en el mencionado periodo al 36% de la población. El sector, pues, es un incuestionable motor antipobreza.
Antes de la pandemia, a pesar de la lentificación del crecimiento, la pobreza bajó hasta el 20%. Sin embargo, luego del Gobierno de Pedro Castillo y las campañas a favor de la constituyente y las nacionalizaciones se bloquearon nuevas inversiones y la pobreza se disparó hasta el 27.5% de la población. Es decir, más de nueve millones de personas.
Sobre estas consideraciones vale señalar, por ejemplo que, si se concretan los proyectos detenidos, el Perú, en muy poco tiempo, podría incrementar su producción anual de 2.5 millones de toneladas de cobre (TMC) en más de 1.5 millones. El crecimiento anual sobrepasaría el 5% y en muy pocos años podríamos reducir la pobreza por debajo del 15% de la población. Algo más. Algunas regiones más pobres del país, como Cajamarca, podrían tener ingresos per cápita cercanos al de los países desarrollados. Otra vez la interrogante: ¿Cómo entonces alguien se puede oponer a la minería moderna?
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