La flexibilidad laboral, el fin del BETA y el relanzamiento del Perú

A inicios del nuevo milenio algunas proyecciones económicas señalaban que el Perú hacia el 2021 –es decir, hacia el Bicentenario– podría alcanzar el ingreso per cápita de un país desarrollado. Sin embargo, en el Bicentenario el país llegó con Pedro Castillo en el poder y la pobreza aumentó del 20% al 30%, y allí se mantiene en términos generales (alrededor del 27%).

Una de las causas de esta involución tiene que ver con las narrativas progresistas que envenenaron la política y la vida pública en el país y, en el caso del Estado, fomentaron la sobrerregulación y la multiplicación de oficinas “para controlar a las empresas privadas”, demonizadas y convertidas en “fuentes de todos los males”. Por ejemplo, los trámites para desarrollar un proyecto minero se incrementaron de 15 a más de 265, mientras las izquierdas avanzaban a bloquear el ciclo de inversiones en cobre: Conga y Tía María. 

La creación de un Estado burocrático –en base al relato progresista– no solo apuntó a bloquear inversiones en diversos sectores, sino también a detener cualquier posibilidad de una reforma pro-inversión. Por ejemplo, la reforma laboral se convirtió en una imposibilidad, no obstante que el 75% de los trabajadores está en situación de informalidad y no tiene acceso a sistemas de salud ni previsionales.

Pero no solo se bloquearon reformas, sino que se involucionó de gravedad. La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) no solo apuntó a derogar el régimen tributario promocional sino, sobre todo, a derogar el régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que se había convertido en una sorprendente ley formalizadora. Por ejemplo, en el año 2004 se registraban 460,000 empleos formales –entre directos e indirectos– y, casi dos décadas después, antes de la derogatoria de la mencionada norma, existían alrededor de 1.5 millones de empleos. Es decir, se había producido una formalización del empleo de alrededor de más del 300%.

La flexibilidad laboral en los contratos para la siembra, la cosecha y el mantenimiento en los sembríos para la agroexportación fomentaba de tal manera el empleo masivo que existían empresas que llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por temporada. Era evidente que se trataba de una norma que alentaba la contratación de empleo masivo en vez de la maquinización de los procesos productivos.

La nueva norma que se sancionó en el gobierno provisional de Sagasti eliminó de plano la flexibilidad laboral. Hoy se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos formales y se estima que se han perdido nuevas inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas. ¿Cómo se eliminó la flexibilidad laboral? Por ejemplo, con el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA), que establece que el salario agrario tendrá una bonificación del 30% sobre la remuneración mínima vital. 

Esta regulación, de clara inspiración velasquista y colectivista, ha tenido un efecto inmediato: la pérdida de miles de empleos formales y el pase a la informalidad de las pequeñas unidades agroexportadoras que no tienen posibilidades de asumir los nuevos costos. ¿Por qué? Se estima que los costos laborales de las empresas agroexportadoras representaban más del 50% de los costos totales. El resultado del colectivismo: las grandes empresas sobreviven e invierten en maquinarias y las pequeñas se informalizan.

La norma progresista tiene otros absurdos como el fomento de la sindicalización de los trabajadores formales, la negociación por rama y otros delirios en el afán de crear koljoses y cooperativas soviéticas.

La conclusión es simple: una de las reformas claves para relanzar el Perú y la sociedad en general es la reforma laboral para instaurar la plena flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, tal como sucede en los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo. Y tal como acaece en los mercados emergentes del país, en donde se emplea al 80% de los trabajadores, pero de manera informal.