La economía puede definir las posibilidades del antisistema

De una u otra manera, el Perú parece encontrar cierta estabilidad institucional luego del golpe fallido de Pedro Castillo y el fracaso de la violencia contra el Estado de derecho. Ni el Ejecutivo ni el Congreso parecen interesados en desarrollar una guerra institucional, tal como sucedió en las administraciones de Vizcarra, Sagasti y Castillo. Hay entonces enormes posibilidades de que el sistema se focalice en la gobernabilidad, a menos que la destrucción provenga de las guerras internas en el Ejecutivo.

En un escenario focalizado en la gobernabilidad, el crecimiento de la economía y la reducción de la pobreza se convierte en actor fundamental para la continuidad del Estado de derecho. Si la pobreza aumenta, este factor se podría sumar al descrédito de las instituciones y los políticos, creando un poderoso cóctel a favor de las propuestas antisistema.

En este contexto, vale señalar que las proyecciones de crecimiento para el presente año comienzan a presentar tendencias a la baja. En el Banco Central Reserva (BCR) se estima que este año la proyección de crecimiento baja de 2.9% a 2.6%. Los motivos: la destrucción del ciclón Yaku y la violencia desatada luego del golpe fallido de Pedro Castillo. Según Julio Velarde, presidente del BCR, la inversión privada se contraería en 0.5% en este año, sobre todo por la caída de más de 16% de la inversión minera. Otras consultoras privadas señalan incluso una caída de 3% de la inversión privada.

Como todos sabemos, el Perú necesita crecer por encima del 4% para reducir la pobreza. De lo contrario, el crecimiento vegetativo de la población se convierte en el factor que aumenta la pobreza: se incorporan 300,000 jóvenes anualmente a la economía y, por la falta de inversión, no se producen suficientes empleos para absorber esa demanda.

Una situación dramática porque, según el Banco Mundial, la reducción de la pobreza en las últimas tres décadas –del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia–, se explica en un 80% por la inversión privada, el crecimiento y la creación de empleo. Por otro lado, la inversión privada suma más de 80% de toda la inversión en el país. Y, por si fuese poco, el sector privado aporta el 80% de los ingresos del Estado y el 80% del empleo (en los mercados formales e informales).

Desarrollar la gobernabilidad en el país, pues, implica relanzar el crecimiento y la inversión privada. Sin embargo, si el Estado no reconstruye las zonas devastadas por el ciclón Yaku y no se prepara para enfrentar el Fenómeno de El Niño, que se anuncia para octubre, cualquier defensa de la institucionalidad y el modelo será infructuosa. ¿Por qué? Los sectores antisistema presentarán el fracaso del Estado en la distribución –a través de obras de prevención e infraestructuras– de la inmensa riqueza que producen los privados como “el fracaso del modelo económico consagrado en la Constitución Política de 1993”. La agitación por la constituyente continuará con fuerza.

El Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos subnacionales deberían entonces analizar todos los mecanismos legales e institucionales para reconstruir la infraestructura en el corto, mediano y largo plazo. Se necesita relanzar a largo plazo, pero se deben desarrollar obras inmediatas, antes de El Niño.

Asimismo, el Perú necesita restablecer el Estado de derecho en las regiones mineras, sobre todo en el llamado corredor minero del sur en donde las empresas que producen el 40% del cobre nacional generalmente no pueden trasladar el mineral al puerto por la acción del radicalismo antiminero. Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grandes del planeta, con una proyección de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC), el año pasado apenas produjo 220,000 TMC.

Finalmente, el sistema político democrático debería ser capaz de derogar los decretos laborales del Gobierno de Pedro Castillo, que fomentan la guerra de clases a través de la sindicalización artificial y la liberalización anárquica del derecho de huelga. Igualmente, se debería empezar la discusión de una reforma tributaria y laboral y una estrategia general de simplificación administrativa del Estado para relanzar la inversión privada.